Los funcionarios jubilados temen el fin de Muface: "Con mi edad y mi historial clínico, ninguna compañía me admite"

Pepe lleva 10 años en tratamiento por un cáncer de vejiga, una década de visitas a su urólogo que podrían terminarse en diciembre si el Estado no llega a un acuerdo con las aseguradoras para renovar el servicio de asistencia sanitaria a los funcionarios estatales. "El lunes próximo tengo una revisión con mi especialista, como cada tres meses y esto supondría interrumpir un tratamiento muy delicado", lamenta este doctor en Matemáticas por la Universidad de Sevilla jubilado.

La mutua de los funcionarios, puede tener los días contados. El panorama es particularmente delicado en Andalucía, que concentra a uno de cada cinco (21%) usuarios del sistema. Hasta 320.000 andaluces podrían perder el acceso a la sanidad privada de aquí a final de año si el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública no alcanza un acuerdo con las aseguradoras sobre el concierto que ofrece sanidad privada a los funcionarios del Estado y sus familiares. 

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Según el último anuario presentado por Muface en 2022 389.770 de los beneficiarios de este servicio son funcionarios jubilados en toda España, una cifra que ha ido aumentando en los últimos años por el envejecimiento que presenta la función pública. De hecho, casi uno de cada tres (27%) afectados por el final del servicio (entre titulares y familiares) tienen más de 65 años.

300.000 personas podrían incorporarse al SAS

Ahora que esta prestación puede terminarse, muchos miran hacia la sanidad pública. Sin embargo, en el caso concreto de Andalucía, se encuentran con uno los principales problemas que enfrenta el Gobierno de Juanma Moreno en Andalucía. Los últimos datos ofrecidos por la Consejería de Salud y Consumo revelan que en el mes de julio había 41.920 pacientes que esperaban fuera de plazo para poder ser operados y que el tiempo medio de espera para una cirugía se situaba en los 139 días. Asimismo, a fecha de 28 de junio 438.589 personas estaban pendientes de consulta y la espera era de 135 días.

A preguntas de El Correo de Andalucía, desde la Consejería prefiere no manifestarse sobre el efecto que tendría la incorporación de estas más de 300.000 personas a la sanidad pública.

"El servicio público que a mí me correspondería está absolutamente saturado", sostiene el matemático. Con este panorama en la sanidad pública, Pepe teme verse en una situación muy complicada. El profesor universitario relata cómo su mujer, que falleció de cáncer hace tres años, acudía al Servicio Andaluz de Salud y cómo tenía que esperar los "interminables plazos" para que pudiera obtener una cita con el especialista. "Aquello era tercermundista", rememora.

Para el matemático, que la mutua dejara de existir supondría "cambiar un tratamiento de 10 años con el mismo urólogo". "Un problema muy grande", resume sin dudarlo y asegura que tanto él como sus colegas están "muy preocupados". Para poder seguir con el mismo médico tendría que contratar un seguro privado que le permita ir al mismo hospital, pero teme que eso resulte misión imposible. "Con mi edad y mi historia no hay ninguna compañía privada que me admita", argumenta Pepe que explica que mientras que "una persona joven puede contratar un seguro privado", él no.

Las compañías denuncian pérdidas

Pese a que la situación en la sanidad pública es complicada, el profesor de Matemáticas sostiene que la de la mutua también ha empeorado en los últimos años. "Las compañías deben estar muy disgustadas porque no le salen las cuentas y los pacientes lo estamos notando", lamenta. Hace poco pidió una cita para el traumatólogo por un problema en la mano y mientras antes se la daban en unos 15 días, ahora tendrá que esperar hasta marzo para poder ser atendido. De hecho, sostiene que ahora cuando piden una consulta "te preguntan si eres de Muface".

Cuando el profesor de la Universidad de Sevilla obtuvo su puesto fijo como profesor en 1978 y en ese momento se incorporó a la mutua. Este doctor recuerda que por aquel entonces "había un abanico de seis u ocho compañías" y "cada vez han ido quedando menos compañías entre las que escoger". En la actualidad solo Asisa, Adeslas y DKV ofrecen sus servicios a través de esta institución estatal y denuncian que en 2023 perdieron alrededor de 200 millones de euros por el convenio y este año el perjuicio se espera que supere esta cifra.

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De cara a una nueva licitación del concierto las aseguradoras reclaman mejoras económicas para hacer frente a los servicios que prestan. Así, las tres empresas sanitarias que por ahora colaboran con Muface propusieron un incremento de las inversiones estatales de un 40%, mientras que el Ejecutivo plantea una subida de la prima del 17% para los próximos dos años. La mutua, por su parte, deslizó una propuesta del 24% en los últimos días. El Gobierno central tiene tres meses para negociar un acuerdo antes de que venza el servicio a finales de año.