La Junta quiere un interventor y más control del gasto en la Universidad para evitar "otro rescate como en Málaga"

La deuda arrastrada durante años por la Universidad de Málaga (UMA) ha hecho saltar las alarmas. Con la entrada hace un año de un nuevo equipo rector en la UMA se analizaron en profundidad las cuentas (un saldo de 27 millones de deuda y 17 millones en gastos de ejercicios anteriores sin pagar) y se impulsó un plan de ajuste que obligó a apretarse el cinturón a todos los niveles: se frenó la visita de profesores invitados a los departamentos, se dejó a 0 la reposición de profesorado y se controlaba hasta el gasto en fotocopias. Según denunció la Junta, el anterior equipo rector de la universidad malagueña gastó entre 2019 y 2023 hasta 74 millones más de lo autorizado por Hacienda.

Para devolver la normalidad al funcionamiento de la UMA, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía autorizó el lunes 16 de diciembre el expediente de gasto del préstamo "excepcional y reintegrable" por 48,5 millones de euros con el objetivo de atender "exclusivamente" los gastos de inversión en las infraestructuras universitarias. Un montante de dinero público extraordinario con el que se sanean las cuentas y se avisa a navegantes: esto no puede volver a pasar. "No es que haya un desvío del dinero público pero sí falta observancia en el control del gasto", explican fuentes de la Consejería de Universidad a este periódico, que no esconden que el caso de Málaga "preocupa mucho, no queremos otro rescate".

La Junta pretende que las Universidades tengan en sus estructuras la figura de un interventor externo como herramienta para el control y fiscalización del gasto. Hasta ahora en Andalucía, y en el resto de España, las universidades públicas supervisan sus cuentas con servicios propios de auditoría y control interno pero no es un funcionario externo. Si lo tienen es porque voluntariamente han incorporado esta figura, como por ejemplo ocurre con la Universidad de Almería, que cuenta con un interventor municipal, procedente de un Ayuntamiento, en comisión de servicios para el control del gasto financiero de la UAL.

El anteproyecto de Ley de Universidades para de Andalucía (LUPA), que presentó el consejero de Universidades, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, el pasado septiembre en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, contempla la incorporación de un interventor externo, funcionario de la Junta o del Estado, como opción no como obligación. Pero a la ley, que no ha entrado en la cámara andaluza en último periodo de sesiones, le queda todavía todo el trámite parlamentario en la que los grupos y los informes de la Agencia de la Competencia o el Consejo Consultivo harán sus aportaciones.

En concreto, este punto se desarrolla en el artículo 49 del nuevo texto: "Las universidades también podrán contar con un interventor o interventora como personal técnico, de gestión u de administración y servicios que deberá ser personal funcionario del cuerpo específico para ejercer como tal a nivel estatal o autonómico".

En la propia Consejería defienden que sería recomendable explicitar en la ley este imperativo pero son conscientes de que este punto les abriría un nuevo frente con las Universidades Públicas y no son pocos los que se arrastran al respecto de la financiación de la Junta a estas instituciones.

"No se trata de una novedad, pues las universidades ya cuentan con áreas de auditoría y control interno que fiscalizan las cuentas, por eso el texto de la ley habla en términos potestativos y no imperativos"

Francisco Oliva

— Presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía y Rector de la Universidad Pablo de Olavide

A preguntas de este medio, Francisco Oliva, presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA) y rector de la Universidad Pablo de Olavide, considera que este punto "no se trata de una novedad, pues las universidades ya cuentan con áreas de auditoría y control interno que fiscalizan las cuentas", es por esta razón, argumenta, por la que "el texto de la ley habla en términos potestativos y no imperativos". Sobre el matiz de que este interventor sea una figura externa, funcionario autonómico o estatal, Oliva defiende la "absoluta independencia en su trabajo de los órganos de control de las universidades" y añade, con todo, que le parece "perfectamente legal y fiel al principio que rige sus funciones".

Financiación y universidades privadas, los otros frentes

El año 2024 ha estado marcado especialmente por el frente abierto entre las universidades públicas y la Junta de Andalucía a cuenta de la financiación y de la proliferación de universidades privadas. Tras la presentación del nuevo plan de financiación de la Junta, el presidente de AUPA criticó que "el principio de solución aportada por la administración andaluza la semana pasada de un pago puntual de 21 millones de euros es insuficiente".

Asimismo, el rector de la UPO ha sido una de las voces más duras a cuenta de la entrada de nuevas universidades privadas, con un rango de excelencia muy dispar, con la aprobación del Gobierno andaluz. En una entrevista concedida a este medio, Francisco Oliva, rector de la Universidad Pablo de Olavide y presidenbre de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), criticó que estos centros aprobados por la Junta "no cumplen los mínimos de calidad".