Anticorrupción pide que el BBVA se siente en el banquillo por el 'caso Villarejo' en plena opa al Sabadell

Nuevo revés judicial para el BBVA. El fiscal Alejandro Cabaleiro ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga la pieza sobre los encargos realizados por el banco vasco al excomisario José Manuel Villarejo, que siente a la entidad en el banquillo de los acusados como persona jurídica por los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios, según un escrito fechado el pasado 17 de mayo al que ha tenido accesola agencia Bloomberg.

Este documento del fiscal se produce en pleno segundo intento del BBVA de lanzar una operación de compra sobre el Banco Sabadell.

Precisamente fueron los problemas judiciales de la entidad vasca los que impidieron que en 2020 que el BBVA completase una operación de compra sobre el Sabadell. El escrito del fiscal apunta a que hay indicios suficientes para llevar al banquillo al BBVA. La entidad y algunos de sus ejecutivos podrían ser juzgados, según señala el fiscal del caso. De hehco, el Banco Sabadell encargó durante las negociaciones para su posible fusión con BBVA una auditoría penal al bufete de abogados Cuatrecasas para conocer los riesgos legales que suponía el caso Villarejo. El Sabadell nunca recibió respuestas a las preguntas que planteó en aquel momento al BBVA sobre su situación judicial.

Anticorrupción considera probado que el BBVA, "con la expresa aquiescencia de su presidente ejecutivo, Francisco González", contrató en 2002 al excomisario de policía Julio Corrochano, lo que "permitió un enlace entre la entidad y los anteriores compañeros del citado policía", entre los que se encontraban los comisarios en activo José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño.

Se trata de la operación Trampa, novena pieza separada del caso Villarejo que se ocupa de los supuestos servicios de espionaje a políticos, empresarios y periodistas que el banco habría encargado al excomisario desde 2004, cuando la constructora Sacyr inició, sin éxito, un movimiento para tratar de tomar el control de la entidad.

A mediados de 2019 acordó la imputación tanto del BBVA como de su expresidente Francisco González, en una causa en la que ya figuraban como investigados otros antiguos directivos del banco. Anticorrupción incluye entre los que deben sentarse en el banquillo al ex consejero delegado del banco Ángel Cano; el exdirector de los servicios jurídicos del banco Eduardo Arbizu; el que fuera director del gabinete de presidencia de la entidad Joaquín Gortari; el exdirector de Riesgos del banco Antonio Béjar o el exjefe de seguridad Julio Corrochano.

Carlos Torres, señalado

El documentos del fiscal señala que el presidente del BBVA, Carlos Torres, envió correos electrónicos a ejecutivos a sus órdenes mientras ocupadba un cargo de responsabilidad en la entidad para interesarse por sus negocios. Torres se incorporó al banco en 2008 y fue consejero delegado entre 2015 y 2018 y ha negado en numerosas ocasiones estar implicado. A pesar de ello, el presidente de la entidad aún no está imputado en la causa. El juez que investiga los hechos, Manuel García Castellón, no ha dado a conocer si ve indicios de delito suficientes para acercar el juicio oral a la entidad que preside Carlos Torres. El fiscal, por el momento, sí que los aprecia.

Torres Vila declaró como testigo el pasado mes de octubre, y aseguró que no intervino en modo alguno en la contratación, cuyos detalles conoció por la prensa. Anticorrupción afea al BBVA que, "más allá de la letra de la normativa", lo que la dirección del banco implantó "fue la de la obediencia directa a sus dictados", amparando comportamientos contrarios a cualquier código ético, entre las que incluye "indicaciones de Francisco González sobre asuntos personales". El escrito destaca también que no sólo las labores de investigación y seguimiento que realizó Cenyt para el banco erran irregulares, sino que la contratación no cumplía con los estándares del banco.