Comisión Europea
Ultimátum desde Bruselas: España tiene que acabar con los contratos discriminatorios de los interinos
Bruselas avisa de que la legislación española contiene condiciones de empleo menos favorables para los interinos en comparación con los empleados fijos
España dispone de dos meses para subsanar los defectos y carencias señalados por la Comisión Europea
![La Comisión advierte de deficiencias en las diferencias de trato en relación con el cálculo de la antigüedad, el derecho a algunos tipos de permisos o el acceso a las trayectorias profesionales.](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/31bfda50-375a-44c5-ae6d-2a390c8a741e_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg)
La Comisión advierte de deficiencias en las diferencias de trato en relación con el cálculo de la antigüedad, el derecho a algunos tipos de permisos o el acceso a las trayectorias profesionales. / EP
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Nuevo toque de atención de Bruselas a España. La Comisión Europeaha abierto este jueves expediente a España por no eliminar las condiciones de empleo discriminatorias en los contratos de trabajadores interinos en el sector público. Lo ha hecho a través de una segunda carta de emplazamiento en la que pide incorporar correctamente a la legislación nacional la directiva europea que prohíbe la discriminación de los trabajadores con contrato de duración determinada.
En este sentido, Bruselas avisa de que la legislación española contiene condiciones de empleo menos favorables para los trabajadores del sector público en comparación con los empleados fijos (como los derechos de vacaciones, para los empleados interinos —con contrato de duración determinada—).
Segunda llamada de atención
Según la Comisión, esto representa una discriminación contraria al Derecho comunitario, por lo que ya inició este procedimiento de infracción en 2014 y aunque reconoce que desde entonces España ha modificado las normas, persisten los problemas de discriminación.
En su segunda carta de emplazamiento adicional, la Comisión advierte de deficiencias en las diferencias de trato en relación con el cálculo de la antigüedad, el derecho a algunos tipos de permisos o el acceso a las trayectorias profesionales.
Las autoridades españolas disponen ahora de dos meses para subsanar los defectos y carencias señalados por el Ejecutivo comunitario o de lo contrario, podrá dar un ultimátum de dos meses para su aplicación antes de recurrir al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
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