El fiscal general asume la responsabilidad por la difusión de información fiscal del novio de Ayuso y pide que la investigue el Supremo

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado este lunes por la mañana un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en el que asume la responsabilidad última de la publicación de una nota de prensa que, según su versión, "desmentía informaciones falsas" en relación con Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que está investigado por dos delitos contra la Hacienda Pública y un delito de falsedad documental.

García Ortiz, en una nota difundida a los medios de comunicación, considera que el TSJ madrileño "carece de competencia para investigar los hechos relativos a la difusión de la citada nota, ya que su publicación no se hubiera producido sin su previa autorización e instrucciones expresas y directas”, por lo que los hechos relativos a la difusión de la nota de prensa de la Fiscalía de Madrid "corresponden a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo".

El fiscal general responde así al magistrado que instruye la causa sobre la difusión de un comunicado de prensa que incluía información fiscal de Alberto González Amador, que había requerido a la Fiscalía Provincial de Madrid datos sobre “quién fue la persona física concreta que intervino en la decisión de hacer público dicho comunicado de prensa y el máximo responsable (en rango) de la carrera fiscal que acordó o dio el visto bueno a la decisión de difundir el comunicado”.

Asumió la responsabilidad

García Ortiz ya habia asumido públicamente la responsabilidad de la nota de prensa en un acto institucional celebrado en la sede de la Fiscalía el pasado 15 de abril; pero también en los medios de comunicación Esta declaración, que se dirigía a zanjar especulaciones sobre su “notoria e imprescindible participación en la emisión de la nota de prensa”, ya fue aportada a la causa que se sigue en el TSJM por el fiscal superior encargado del procedimiento.

Esa declaración, prosigue el fiscal general, ya permitía al instructor conocer su intervención en los hechos investigados, que resalta el escrito presentado este lunes, que según García Ortiz "trata de proteger a las y los fiscales de Madrid -tanto de la Fiscalía de la Comunidad como de la Fiscalía Provincial- y a la Fiscalía en su conjunto".

Asimismo, el fiscal general reitera que la nota se emitió “para poner fin a un bulo y amparar a un compañero y extraordinario Fiscal” y para cumplir con la obligación de la Fiscalía de ofrecer información veraz a la ciudadanía. Asimismo, recuerda que la citada nota no añade nada que no se hubiera publicado previamente en diversos medios, en algunos casos citando fuentes cercanas a la persona investigada.

"Sorprendente"

A juicio del Fiscal General resulta “cuando menos sorprendente” que sean exclusivamente los integrantes del Ministerio Fiscal los investigados judicialmente por estos hechos. Como consta en el escrito remitido al TSJM, es un hecho cierto que en aquellos momentos los correos electrónicos que el letrado de la persona investigada había enviado a la dirección genérica de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid “circulaban ya —sin contención alguna— por las redacciones de varios medios de comunicación, y también en el gabinete de la Presidenta de la Comunidad de Madrid".

“Cuestionar la actuación de los fiscales encargados de la persecución de acciones criminales o a su jefatura provincial o autonómica por el mero hecho de desarrollar su función constitucional y legal, cuando no existe indicio alguno respecto a su participación en la filtración de una denuncia por dos delitos contra la Hacienda Pública y un delito de falsedad documental ni en la difusión de los correos electrónicos intercambiados con la defensa del presunto defraudador, es algo que como Fiscal General del Estado —cúspide de un órgano de relevancia constitucional integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, que tiene como misión la defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público no puedo consentir ni tolerar”, asegura el fiscal general en su escrito.

Por el momento, esta causa se dirige contra Julián Salto --que es el fiscal que presentó la querella que acusa de fraude fiscal y falsificación a Alberto González Amador-- y contra su jefa provincial, Pilar Rodríguez, como responsables de la difusión de datos obrantes en los correos que la defensa del empresario intercambió con esta fiscalía.