AUDIENCIA NACIONAL
Txapote, a juicio por el asesinato de un concejal del PP por el que la Fiscalía pide 120 años
El comando Donosti responderá, más de 25 años después, por el asesinato de Manuel Zamarrejo, concejal en el Ayuntamiento de Rentería
El juicio está previsto para el miércoles, jueves y viernes de la próxima semana en la Audiencia Nacional
Alberto Muñoz
Más de 25 años después del atentado que acabó con la vida de Manuel Zamarreño, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Rentería, los etarras Javier García Gaztelu, alias Txapote, y su pareja, Irantzu Gallastegi, alias Amaia, se sentarán en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional.
En el juicio contra ellos, que comenzará el próximo miércoles y se extenderá, a priori, durante al menos tres días, se hablará, también, de un tercer implicado de la banda terrorista ETA, José Luis Geresta, alias Oker, pero este falleció apenas un año después del atentado.
La demora en el procedimiento judicial se ha debido a que durante más de dos décadas no se consiguieron esclarecer las incógnitas alrededor del ataque terrorista. En 2020, sin embargo, el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno acumuló indicios que consideró suficientes y se decidió a procesar a Txapote, Amaia y Oker, pese a que este hubiera fallecido.
120 años de cárcel
La Fiscalía pide para cada uno de los tres integrantes del comando 'Donosti' un total de 120 años de cárcel por todo lo que rodeó al asesinato en 1998 de Manuel Zamarreño, concejal en ese momento del Partido Popular en el Ayuntamiento de Rentería, así como indemnizaciones para las víctimas que llegan hasta los 600.000 euros.
El Ministerio Fiscal hace esta petición por un delito de asesinato con finalidad terrorista de miembro de Corporación local, un delito de asesinato con finalidad terrorista contra agente de la Policía Autonómica en grado de tentativa, dos delitos de asesinato con finalidad terrorista en grado de tentativa, un delito de tenencia, fabricación, transporte y colocación de artefacto explosivo con finalidad terrorista y un delito de estragos terroristas.
Dentro de esos cargos, por lo tanto, no se juzga únicamente el asesinato de Zamarreño, sino también las consecuencias físicas y psicológicas que arrastran desde entonces quienes estaban cerca del joven político del Partido Popular aquel día.
Explosión de una moto bomba
El escrito de acusación de la Fiscalía explica que, "para llevar a efecto su plan homicida", el 25 de junio de 1998 los tres terroristas "decidieron colocar un artefacto explosivo en una motocicleta que estacionarían en la vía pública en un lugar próximo a aquel por el que transitara" Zamarreño. Lo habrían hecho, además, "asumiendo el riesgo de afectar no sólo a los bienes, sino a la vida de terceras personas, y, especialmente, del agente policial" que ejercía de escolta.
Para ello, cinco días antes, Amaia se habría hecho presuntamente con una motocicleta gracias al DNI de otra persona no implicada, y, en ella, colocaron una bolsa de tela en la que iba oculta la bomba casera.
Las pruebas recabadas apuntan a que "el artefacto estaba compuesto por entre uno y dos kilos de amosal, con un trozo de resina de poliéster para bulonaje químico a modo de carga de multiplicación y con clavos de 35 mm de longitud como metralla".
Alrededor de las 11:10 horas, uno de los tres etarras, dice el escrito de acusación, habría activado la detonación mediante un mando a distancia, lo que le costó la vida inmediatamente a Zamarreño, que estaba casado y era padre de cuatro hijos.
Juan María Quintan, que era el ertzaintza encargado de velar por su protección, seguía al político a cinco metros de distancia, lo que pudo resultar clave para que la detonación del artefacto no le arrebatase la vida también a él. Aun así, las quemaduras y los cortes de la metralla le produjeron importantes secuelas en los ojos y en el resto de su cuerpo, además de las repercusiones psicológicas. Dos personas más también se vieron afectadas en menor grado.
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