Anticorrupción pide al juez del caso Koldo que acuda al Supremo para recuperar la causa frente a la Fiscalía Europea

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un informe al juez Ismael Moreno, instructor del caso Koldo, en el que le insta a que acuda al Tribunal Supremo para reclamar seguir "investigando todos los delitos que dieron origen a las presentes Diligencias Previas, con sus correspondientes contratos", especifica el documento, al que ha tenido acceso esta redacción, que concluye que es la Audiencia Nacional y no la Fiscalía Europea la competente para llevar a cabo estas pesquisas.

"Resulta palmario que el Juzgado Central de Instrucción se encuentra en mejor posición para la investigación que la Fiscalía Europea. Preferencia que deriva de la complejidad de la investigación, de los medios para afrontarla eficazmente y del tiempo ya dedicado a la instrucción del caso.[...] Otra interpretación ocasionaría un perjuicio irreparable a la instrucción de la causa y a los propios investigados y diluiría el imperativo control jurisdiccional", concluye Anticorrupción.

Por eso, el fiscal que firma el escrito, Luis Pastor, pide al magistrado Moreno que plantee una cuestión de competencia ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, "a los efectos de mantener la competencia respecto de los hechos y delitos investigados en el presente procedimiento, incluidos los contratos adjudicados por los Servicios de Salud Balear y Canario, manteniendo la Fiscalía Europea su competencia sobre tales expedientes en lo relativo exclusivamente a la determinación de la posible comisión de un delito contra los intereses financieros de la UE", especifica el dosier de Anticorrupción.

Baleares y Canarias

La Fiscalía Europea solo sería competente, prosigue el documento, "para conocer de los expedientes de adjudicación de suministro de material sanitario de los Servicios Canario y Balear de Salud en lo relativo a la determinación de la posible comisión de un delito contra los intereses financieros de la UE".

El departamento liderado por Alejandro Luzón entiende, además, que entre la investigación que ha llevado a cabo el juez y la de la Fiscalía Europea sobre los contratos autonómicos "no cabe hablar de indivisibilidad", ya que la investigación del Juzgado Central "es mucho más amplia y compleja y alcanza a delitos del todo ajenos a la competencia que podríamos llamar directa de la Fiscalía Europea".

Se trata de conductas, prosigue el informe, "que quedan claramente diferenciadas del contrato mismo que la Fiscalía Europea considera el instrumento de una posible malversación o fraude y en modo alguno se encuentran indisociablemente vinculadas a efectos de la investigación [...]. La Fiscalía Europea pretende utilizar como percha de la que colgar la totalidad de la investigación y sin, por otra parte, dar argumento o razón alguna en la que fundamentar que están indisociablemente vinculados”, lamenta el fiscal.

La Fiscalía Anticorrupción también llega a la conclusión de que la Audiencia Nacional debe seguir investigando el caso Koldo al considerar que en los contratos del Ministerio de Transportes "existe una mayor afectación a los intereses nacionales que a los financieros de la UE y los delitos que no afectan a tales intereses no son instrumentales de estos, por lo que la remisión de las presentes Diligencias Previas a la Fiscalía Europea nunca procedería", indica el escrito, que advierte de que la competencia de la Europea "decae cuando la gravedad de los hechos que afectan a los intereses nacionales es superior".

En este sentido, el fiscal Pastor destaca que la trama Koldo "ha comprometido el normal funcionamiento de la Administración española, teniendo actualmente la condición de investigados un asesor del que fuera ministro responsable del MInisterio, el subsecretario de este Ministerio y varios responsables de Puertos del Estado y de ADIF, además de dos miembros de la Guardia Civil (un comandante y un subteniente)".

Además, Anticorrupción considera que la atribución de la competencia a la Fiscalía con sede en Luxemburgo tendría "efectos negativos" sobre la instrucción. En concreto, asegura que supondría "un retraso en las investigaciones, en tanto que exigiría tener que tomar conocimiento de todo lo actuado hasta ahora, no solo por parte de los Fiscales europeos delegados, sino también por parte de la nueva unidad policial a la que se pudiera asignar la investigación", pues los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que trabajan para Anticorrupción "dejarían automáticamente de encargarse de estas investigaciones".

Responsables identificados

Asimismo, el escrito firmado por el fiscal Luis Pastor recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Supremo mantiene el criterio de "la eficacia en la investigación, para lo que atiende a que uno de los órganos en conflicto tenga avanzada la investigación, por haber ya practicado diligencias al respecto". Y en este caso, prosigue el documento, mientras la Fiscalía Europea "se detenía en determinar cómo se habían financiado los contratos, Anticorrupción, además de ello, había identificado la posible comisión de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, organización criminal y blanqueo de capitales, así como las personas presuntamente responsables de los mismos".

En este sentido, el departamento dirigido por Luzón pone de manifiesto que dispone de "potentes medios materiales y humanos, entre los que se cuentan las unidades de apoyo de la Agencia Tributaria (AEAT) y de la IGAE y las unidades adscritas de la UDEF y de la UCO, medios de los que, como es bien sabido, no goza ninguna otra Fiscalía, incluida la Fiscalía Europea". Cuenta también, prosigue el informe, "con una larga experiencia para acometer estas investigaciones, experiencia y capacidad para afrontar estas investigaciones que tiene sobradamente acreditadas el Juzgado Central de Instrucción".

Varios delitos

Por eso, es la Audiencia Nacional la que está "en mejores condiciones que la Fiscalía Europea para investigar o ejercer la acción penal con relación a los delitos de tráfico de influencias, cohecho, organización criminal y blanqueo de capitales que se hubieran podido cometer en los expedientes de adjudicación de los contratos de suministro, sin perjuicio de la competencia de aquella tiene respecto a las infracciones que afecten de forma directa a los intereses financieros de la UE".

Anticorrupción subraya, además, que el hecho de que haya existido financiación de la UE no implica que exista un perjuicio para los intereses financieros de la Unión. De hecho, prosigue, "hasta el momento, no hay indicio alguno de la comisión del delito de malversación -desde luego, el presente procedimiento no se sigue por este delito-, ya que los contratos se ejecutaron, el material fue suministrado y se pagaron unos precios inferiores a los satisfechos en otros contratos de suministro del mismo material. En este punto, el informe de la Unidad de Apoyo de la IGAE es concluyente, así como los informes presentados por la unidad policial encargada de las investigaciones", concluye.

De este modo, la Fiscalía Anticorrupción ofrece al titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 argumentos para que éste pueda acudir al Alto Tribunal y mantener las pesquisas, que asumió el órgano europeo a finales del pasado mes de mayo.