El PP aleja su apoyo a la regularización de 500.000 extranjeros en pleno endurecimiento de su política migratoria

Los acuerdos migratorios entre Gobierno y PP se han enfriado tanto que amenazan con encallar del todo. Mientras el pacto sobre los menores migrantes que debería llegar a través de una reforma en la Ley de Extranjería está congelado -el PP pactó con el presidente de Canarias una propuesta a la que el Ejecutivo no ha respondido-, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca regularizar medio millón de extranjeros irregulares que viven y trabajan en España también se ve amenazada. 

A pesar del impulso que la iniciativa tuvo hace unos días cuando PSOE y Sumar llegaron a  un acuerdo para desbloquearla en la Mesa del Congreso y dar paso ya a la tramitación parlamentaria con las enmiendas de los grupos, los apoyos necesarios para su aprobación definitiva están en cuestión. La mayoría de investidura de Pedro Sánchez no está asegurada y por eso las miradas se centran de nuevo en el PP.

El partido de Alberto Núñez Feijóo apoyó la admisión a trámite de la iniciativa tras un largo debate interno. Y condicionó aquel primer sí a una serie de requisitos que ahora ha plasmado en sus enmiendas como ya advirtieron a los promotores de la ILP y al resto de partidos. Los conservadores piden que se excluya de la regularización a los extranjeros que tengan antecedentes penales, sean delincuentes reincidentes o tengan prohibida la entrada a territorio español. Pero, además, el PP insiste en que ese proceso de regularización se debe hacer, como marca la ley, “de forma individualizada y no generalizada”, y ponen el foco en que afecte a aquellos extranjeros que se encontraban en España antes del 1 de noviembre de 2021.

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Según fuentes de la dirección nacional del PP, el pacto de PSOE y Sumar para ampliar ese tope temporal hasta el 31 de diciembre de 2023 -aunque con condiciones- “hace muy difícil” que los conservadores puedan dar su apoyo. Y aseguran que esa será la clave de todo porque ellos no darán marcha atrás. El PP no se plantea, aseguran en la cúpula conservadora, una abstención porque esa decisión implicaría que saliera adelante. El debate estará entre dar el sí o votar en contra.

Todos los grupos respaldaron la admisión a trámite de la iniciativa en el mes de junio -lo que permitió iniciar el debate- excepto Vox. Junts, eso sí, mantiene su exigencia de que el Gobierno traspase a Cataluña todas las competencias en materia migratoria, lo que complica enormemente su apoyo. 

La formación de Santiago Abascal lleva utilizando como arma arrojadiza la decisión del PP de abrir el debate a la regularización todo ese tiempo, culpándole de estar contribuyendo “al efecto llamada” y tener una posición “hipócrita” más cercana al PSOE. Los dos partidos de la derecha están completamente inmersos en una batalla por las políticas migratorias coincidiendo con un endurecimiento evidente en el caso de los populares, que han ido dejando fuera de juego a Vox.

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En los últimos meses el PP ha insistido en que se deben cortar ya los flujos migratorios en origen y endurecer los controles fronterizos como están haciendo otros países europeos, también gobernados por partidos socialdemócratas. Los recientes viajes de Feijóo a Grecia e Italia -allí se vio con la primera ministra italiana Giorgia Meloni- han afianzado su posición y también han hecho tomar nota al Ejecutivo, que ven con recelo esa alianza.

En Génova están convencidos de que el fenómeno migratorio va a ser clave en todo el continente y en España especialmente como frontera sur -y ahora casi única teniendo en cuenta que Italia ha frenado drásticamente las entradas irregulares-. Y consideran que Sánchez ha dejado un hueco enorme y no está asumiendo la importancia de tomar decisiones. También hay un reproche importante por no haber pedido más ayuda a la Comisión Europea, que podría actuar a través de Frontex si el Gobierno lo pide formalmente.

Los viajes de Feijóo por Europa -habrá más- han servido al PP para recoger medidas de los modelos griegos e italiano que el líder conservador pone como ejemplo, y que también deja fuera de juego a Abascal, que tenía a la italiana como una de sus grandes aliadas.

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Vox, precisamente, rompió los gobiernos autonómicos con el PP por negarse a acoger en esos territorios a menores migrantes no acompañados y, ahora, desde fuera de los ejecutivos regionales, amenaza a los populares con tumbarle los próximos Presupuestos y cualquier iniciativa legislativa si no hay un endurecimiento en las políticas dentro de sus competencias.  

En cuanto al pacto migratorio para distribuir a los menores migrantes en las comunidades autónomas, el PP consiguió cerrar un acuerdo con el presidente de Canarias, pero el Gobierno central no lo comparte en absoluto. Los contactos son muy limitados en estos momentos y tanto en el Ejecutivo como en el PP ya dan por hecho que tampoco saldrá adelante. La urgencia de Canarias y Ceuta queda aplazada de nuevo.

Fuentes del PP apuntan al Ministerio de Hacienda como el principal escollo después de que el ministro Ángel Víctor Torres asegurara que trasladaría una de las propuestas habladas con PP y el presidente de Canarias para valorar las inversiones exigidas y los recursos que demandaban al Estado. Los populares están convencidos de que uno de los objetivos del Gobierno pasaba por agrietar la coalición del Gobierno de las islas. En el Ejecutivo central, sin embargo, recalcan que hubo un pacto con Fernando Clavijo que el PP tumbó y que después el presidente canario dejó de defender. Culpan al giro del PP en política migratoria y creen que la oposición de Feijóo le impide alcanzar acuerdos de Estado como el de reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería.