Pumpido cambia las reglas para resolver las recusaciones de la amnistía con el fin de rebajar la tensión

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha pedido a los magistrados Laura Díez Bueso y José María Macías, ambos recusados de los asuntos de la ley de amnistía, que se abstengan de participar en el debate que se iniciará en el próximo pleno para estudiar el incidente de recusación presentado por el PP en su contra. Fuentes del alto tribunal señalan a EL PERIÓDICO que el cambio de criterio de Conde-Pumpido, que defendió justo lo contrario al extender la abstención de Juan Carlos Campo a todos los asuntos, obedece a un intento de apaciguar o al menos rebajar la tensión que se vive en la corte de garantías.

El propio Macías hizo un voto particular en el que afirmaba que él había entrado obligado a las deliberaciones en las que se acordó extender a todas las causas relacionadas con la amnistía la abstención de Campo que ya había sido acordada en el pleno anterior en la cuestión de inconstitucionalidad elevada por el Tribunal Supremo por los delitos de desórdenes públicos y atentado a la autoridad.

En esa reunión Conde-Pumpido defendió que solo se abstuviera de participar en los debates el magistrado directamente afectado por el estudio de su recusación. Así argumentó que él podía ser el ponente de la extensión a todos los asuntos relacionados con la medida de gracia de la abstención de Juan Carlos Campo, ya que se trataba de una mera aplicación de doctrina establecida a partir de una ponencia del conservador Ricardo Enríquez. Enmarcó su decisión en una forma de agilizar la tramitación para no tener que reproducir las deliberaciones en las decenas de asuntos relativos a la amnistía presentados.

La posición defendida por el presidente salió adelante por la mínima por seis votos frente a cinco. Los magistrados de sensibilidad conservadora sostuvieron que el presidente debía haberse mantenido al margen, puesto que había sido recusado por el PP en su recurso de inconstitucionalidad. De ahí que Conde-Pumpido, con el objetivo de calmar el pleno y reducir los ataques a su legitimación que está recibiendo, haya decidido seguir ese criterio a la hora de resolver la primera recusación que se estudia, la suya propia.

Con la abstención de Campo, como ya había hecho en unos 200 asuntos (todos los que conoció como ministro de Justicia y los que afectan a su esposa, la expresidenta del Congreso Meritxell Batet) y la ausencia de los tres recusados (Conde-Pumpido, Díez Bueso y Macías), el pleno estará conformado por ocho magistrados, cuatro de sensibilidad progresista y cuatro conservadores. En ausencia de Conde-Pumpido la presidencia será asumida por la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, y, con ella, la posibilidad de inclinar la balanza hacia una posición u otra gracias al voto de calidad que conlleva dirigir el debate.

Coherencia

Las fuentes consultadas confían que esa primera recusación sea rechazada, porque las causas para apartar a un juez de un asunto aparecen perfectamente tasadas en la ley y el partido presidido por Alberto Núñez-Feijóo no presenta ninguna, sino que argumenta que Conde-Pumpido debe apartarse de la amnistía por coherencia, porque en su día se apartó voluntariamente de los recursos relativos al 'procés'.

Solventado quien presidirá el Constitucional durante todos los debates de la amnistía, se deberán estudiar las otras dos recusaciones: la de Laura Díez Bueso, que fue recusada por el PP y por varias de las Comunidades en las que ese partido gobierna, y la del último magistrado en incorporarse al TC, José María Macías, cuya imparcialidad cuestionan la fiscalía y la Abogacía del Estado.

Díez Bueso no se ha apartado de la amnistía, porque mientras fue asesora en Moncloa no intervino en forma alguna en la tramitación de la ley, que comenzó cuando ya era magistrada del alto tribunal. El caso de Macías, que tampoco quiere apartarse de las deliberaciones, es más peliagudo, porque es el primer caso de magistrado que llega al Constitucional directamente desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde hizo dos informes a petición del Senado en los que tacha de inconstitucional exactamente la misma ley sobre la que ahora debería pronunciarse como magistrado.