Víctimas y Fiscalía reconocen que no habrá margen para recurrir la rebaja de penas a etarras cuando se apruebe la ley

Víctimas del terrorismo y Fiscalía de la Audiencia Nacional coinciden. La aprobación de la reforma legal sobre la Decisión Marco de la UE sobre reconocimiento mutuo de sentencias penales, que tendrá como consecuencia la rebaja de condenas a presos de ETA como Javier García Gaztelu, 'Txapote', tendrá poco o prácticamente ningún margen para poder ser recurrida en los tribunales. "No se podrá hacer nada, se aplica", reconocen desde a este diario desde el Ministerio Público.

Por parte de la Asociación de Víctimas del Terrorismo se anuncia que intentarán ir recurriendo en la Audiencia Nacional cada rebaja que se vaya aplicando si la norma acaba siendo aprobada, como es previsible, pero son conscientes de las escasas posibilidades. Las víctimas recuerdan que ya en febrero de 2022 advirtieron en rueda de prensa de lo que entonces era un proyecto de reforma legal para que los etarras se pudieran descontar las penas de prisión que se les impuso en Francia y que ésta podría afectar a unos 48 condenados de la banda terrorista.

A juicio de las víctimas, la reforma supone incurrir en fraude de ley, puesto que la normativa actual para evitar dichos descuentos cuenta con el aval del Tribunal Supremo y del propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en octubre de 2018 confirmó la legalidad de la transposición que entonces había hecho España para que no se computaran los años de cárcel cumplidos en Francia por tres históricos de la banda, , 'Santi Potros', Alberto Plazaola y 'Pakito'.

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Recuerdan asimismo que fueron contactados por el correo electrónico por la Dirección General de Apoyo a las Víctimas, dependiente del Ministerio del Interior, tras la citada rueda de prensa, en la que habían dado conocer un dossier de condenados por terrorismo que podrían verse beneficiados por la reforma. "Nos dijeron que eso no iba a pasar", afirman desde la Asociación.

La norma que se está tramitando ahora en las Cortes, una vieja reivindicación del EH Bildu, vendrá a derogar disposición adicional de la Ley Orgánica introducida en 2014, en la etapa del Gobierno de Mariano Rajoy, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea. Desde el Ejecutivo se defiende ahora que la reforma -a raíz de una enmienda de Sumar avalada por la mayoría del Congreso, sin votos en contra-- viene obligada para su adecuación a la normativa de la Unión Europea sobre el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS).

Desde el Ministerio Público también critican que la reforma que ahora se cuestiona desde el PP y Vox pasara el filtro en el Congreso. "Quiza haya que votar mejor y leerse las cosas antes", señalan las mismas fuentes. La derogación que ahora ha provocado la polémica se votó el pasado 18 de septiembre y quedó aprobada con 346 votos votos, incluídos los grupos que ahora cuestionan la medida.