Aldama alega ser víctima de una investigación prospectiva y de meras presunciones para pedir su libertad

El empresario Víctor Gonzalo de Aldama, nexo entre el caso Koldo y el del fraude de hidrocarburos, ha recurrido su ingreso en prisión por esta segunda causa, investigada en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, con un recurso de 26 páginas en el que argumenta que es víctima de una "investigación prospectiva" en la que las acusaciones son meras "presunciones" utilizadas por la fiscalía en su contra.

La defensa de Aldama, que ejerce el abogado José Antonio Choclán, comienza su escrito advirtiendo al juez de que, en su caso, se superan las 72 horas fijadas en la ley desde su detención, a las 7.40 horas del 7 de octubre, y su puesta a disposición del juez Pedraz el pasado jueves. En su opinión, al tratarse de una detención judicial y no policial, "la consecuencia de la vulneración denunciada no es otra que la nulidad de pleno derecho del auto de prisión recurrido y la inmediata puesta en libertad" del investigado, señala el escrito.

A continuación se centra en lo que ha conocido de la causa, pese a estar secreta, y señala que para fundar el ingreso en prisión de Aldama "se realizan afirmaciones tales como la existencia de una codirección de la supuesta organización criminal, a partir de la matriz Still Growing que, según se relata, pertenece al investigado Claudio Rivas" y administra, como subdirectora, su hermana María Luisa. El recurso se queja de que nada de eso se ha demostrado, lo que supone utilizar suposiciones en contra del imputado.

Según el recurso, "de modo voluntarista, para completar el razonamiento", que sitúa a Aldama con poder al frente de la empresa de hidrocarburos, cuando asegura que el firmado era únicamente para realizar operaciones inmobiliarias, se "utiliza como fuente la declaración de una exempleada para vincular a "Aldama con Claudio Rivas, cosa que no se niega, al ser socios en determinados negocios inmobiliarios, nada que ver con el sector de hidrocarburos".

"Resulta paradójico que, como fundamento de la imputación, se utilice una operación societaria, concertada año y medio antes de que Villafuel tenga la habilitación como operadora, por lo que la desconexión cronológica y causal con los hechos investigados es manifiesta" y sin "ninguna relación con el sector de los hidrocarburos, al tener que referirse a la sociedad Businesscity, dedicada a la explotación de un negocio de hostelería". 

En cuanto a Canary Island Fuel Company, el recurso señala que Aldama, como representante de la portuguesa Atmosferaudaz Unipessoal, firmó un contrato por el cual debía pagarle 2 millones de euros por sumnistrarle clientes, operación por la que la entidad recibió transferencias de 5.901.453 euros desde cuentas de suministradoras. Añade que el empresario declaró a Hacienda lo cobrado en concepto de intermediación y que, por tanto, este hecho se utiliza para enviarle a prisión sin justificación.

"El auto recurrido, más allá de la petición de principio de que Aldama codirigía una organización criminal conformada por varias sociedades vinculadas, no expresa vinculación alguna" de él "respecto de las sociedades suministradoras, sus administradores, y mucho menos con relación al cumplimiento de sus obligaciones tributarias", señala el recurso. También crítica que "el juzgado reconoce que la conclusión se formula en términos hipotéticos", porque "podría haber sociedades, los investigados podrían operar, podrían titular cuentas bancarias en el extranjero, y una retahíla de hipótesis no corroboradas, a pesar del tiempo empleado para la investigación", que considera prospectiva.

Sin riesgo de destrucción de pruebas

Por otra parte, la defensa argumenta que la prisión de preventiva trata de evitar la ocultación, la destrucción o la alteración de las fuentes de prueba, y que en el caso de Aldama dicho riesgo "se asocia en exclusiva con un posible comportamiento futuro de Aldama que no tiene cabida en lo establecido en la ley. Además, son otras personas en libertad, como es el caso los administradores de las sociedades que componen la estructura investigada, en quienes se advierte el riesgo de alteración del material probatorio".

En el caso de Aldama, según su defensa, no es posible apreciar un peligro "fundado y concreto" de destrucción de pruebas, ya que "no se conoce si existen otras sociedades, aparte de las ya identificadas, titulando cuentas bancarias en el extranjero, que tampoco han sido identificadas". Abunda en esta idea al afirmar que se trata de una investigación prospectiva, en la que "el riesgo de obstrucción no podría justificar la prisión provisional una vez practicados los registros que se han practicado en la presente causa, manteniéndose secreta".

Investigación tributaria

La defensa de Aldama agrega en su escrito que se ignora la fecha del inicio de la investigación tributaria, incluso de la judicial, que dio origen a este procedimiento, pero añade que "es seguro que se extiende a un periodo superior a los seis meses" que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). El escrito incide en que la prisión provisional sin fianza dictada contra el empresario también investigado en el caso Koldo resulta desproporcionada "en atención a la naturaleza de los delitos investigados y a la ausencia de valoración de otras circunstancias, más allá de la gravedad de las penas".

A juicio del abogado defensor, el juez no debería utilizar la prisión provisional "para favorecer una investigación de naturaleza patrimonial o económica, que más bien se presenta como un instrumento de presión para arrancar la colaboración de los investigados", a costa de la libertad de Aldama.

Finalmente, recuerda que el pasado 23 de septiembre el juez Ismael Moreno, que le investiga en el caso Koldo, autorizó la salida de Aldama del territorio nacional, sin que se apreciara riesgo alguno entonces. "El giro dado en su posición no parece comprensible, afirmando ahora que la libertad del investigado puede incidir en la eficacia" de la investigación por el tema de los hidrocarburos.