"Estamos revisando el conjunto del Presupuesto de arriba a abajo". La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, trabaja a contrarreloj en un plan de ajustes y ahorro que lleva negociando con todas las consejerías los dos últimos meses.
El revolcón de Zapatero al Presupuesto ha empujado al Gobierno de Griñán a ser más restrictivo. La versión oficial es que los recortes impuestos desde el Estado para funcionarios y altos cargos permitirán con más facilidad alcanzar las cotas de ahorro. Griñán quiere llevar su plan al Parlamento el mes próximo, antes de que el día 22 Andalucía lo defienda en Madrid.
El Gobierno andaluz no ha desvelado qué porcentaje recortará del Presupuesto (33.737,7 millones de euros). El Estado reclama a las comunidades recortes de 10.000 millones de euros hasta 2013 y 1.200 millones adicionales este ejercicio para reducir el déficit. No se ha desvelado cómo se repartirá este esfuerzo aunque el Gobierno baraja aplicar criterios objetivos como la población ponderada -directamente relacionada con el volumen de gasto-. En los patrones aplicados en la financiación autonómica, Andalucía se llevó un 18,4% del total. Si tuviera que hacer un esfuerzo similar, la Junta debería ahorrar unos 500 millones anuales hasta 2013 y aportar a la hucha del ahorro unos 2.060 millones en cuatro años.
Con números así, el anuncio del Gobierno andaluz de congelar las cuentas públicas se antoja insuficiente. La Junta defenderá que los recortes no sean los mismos para todas las comunidades y se premien a las que han hecho "los deberes", es decir a las que estén menos endeudadas. Andalucía debe 1.185 euros por habitante, la mitad que Cataluña o la Comunidad Valenciana.
Otra baza que jugarán las comunidades es apretar a los ayuntamientos (con grandes gastos de personal) para que contribuyan al ahorro, aunque el estado de las arcas locales y la proximidad de elecciones municipales dificultan ese escenario. Griñán ha prometido que no les detraerá recursos.
Gastos corrientes. Sueldos, dietas, publicidad o teléfono
El capítulo de gastos de personal del Presupuesto asciende a 10.221,7 millones. Será de donde salga más ahorro. La administración autonómica tiene 257.234 funcionarios que sufrirán recortes del 5% en sus salarios, incluidos justicia, profesores y sanitarios. Plantilla que ha crecido en 5.000 personas desde 2008. La oferta pública de empleo bajó un 75% este año y podría retocarse. La Junta dice que no renuncia a su promesa de sumar 100.000 nuevos profesores en tres años.
El Ejecutivo de Griñán hace números para que los recortes alcancen a los trabajadores de sus empresas públicas. El Gobierno de Zapatero ha dejado a sus entes públicos fuera del tijeretazo. La Cámara de Cuentas (con datos de 2008) apuntó que hay 21.310 contratados en las empresas públicas y agencias andaluzas, más 4.670 de las Fundaciones: 25.980. Número similar a los funcionarios de la administración de la Junta. Hay 172 empresas públicas fiscalizadas por la Cámara de Cuentas. El número se eleva a 317 entes instrumentales -284 con un capital público superior al 50%-, atendiendo al dato del Ministerio. El Presupuesto vigente ya legisló una bajada de las retribuciones de los directivos de estas empresas (con excepciones), para que no superaran el sueldo del presidente andaluz (81.145 euros anuales). Si la nómina de Griñán baja un 15%, la de estos directivos también deberá recortarse.
Los sueldos de los altos cargos (se han suprimido 39) están congelados desde 2008 y bajarán un 15%. La Junta profundizará en medidas de contención del gasto corriente (3.351 millones). Desde 2008 se han ahorrado 300 millones en publicidad, protocolo, dietas, oficina o teléfono.
Empresas públicas. Fusiones y simplificar la estructura en las provincias
Otro puntal del ahorro saldrá del dinero que la Junta transfiere a sus empresas públicas: 2.899,4 millones. En total las transferencias de capital ascienden a 4.805 millones. Griñán lleva meses hablando de un plan de reestructuración. Hacienda ha marcado algunas directrices: habrá fusiones, se evitarán duplicidades (por ejemplo, el departamento legal de una empresa asesorará a varias), se simplificará la estructura periférica y se redefinirán recursos humanos. ¿Se despedirán trabajadores? La Junta es categórica: no. Sí estudian que los trabajadores de estas empresas puedan pasar a ocupar puestos de la administración que los funcionarios suelen dejar vacantes.
Inversiones. Retrasar plazos
En el Presupuesto actual la inversión directa (7.112 millones) en obra pública cayó un 6,8%. La cifra bajará. La Junta acudió a la cofinanciación del sector privado e incluyó 257 millones por esa vía. Aún así el Gobierno admite que tendrá que reprogramar actuaciones, retrasar plazos y sacar más proyectos del Presupuesto para negociarlos con las grandes empresas.
Sanidad. Adelgazar la factura farmacéutica
Salud copa un 34,4% del Presupuesto y su partida se congeló este año. Los gastos de personal absorben el 44%. El dinero destinado a Farmacia asciende a 2.145,7 millones, el 22%. El Ministerio de Sanidad aprobará, por decreto, una bajada en los precios de referencia de los medicamentos, lo que permitirá el ahorro. Además se seguirán fomentando los genéricos, que en 2010 ya supusieron el 78,5% de las recetas con un ahorro estimado desde 2001 de 319 millones.
Impuestos. Un plan de lucha contra el fraude
El Gobierno andaluz confía en mejorar su recaudación tributaria, que se desplomó un 21% en este ejercicio. Ha subido los impuestos que gravan la compra de vehículos y viviendas de lujo, yates y obras de arte. Ejecutará un plan contra el fraude, con nuevas sanciones, y perseguirá la economía sumergida.
Dependencia. Los créditos aumentaron un 49% en el último Presupuesto
Griñán sigue defendiendo que el gasto social es intocable, sin embargo la oposición deja claro que no salen las cuentas. Sirva este dato: En 2010 las políticas sociales se llevaron el 75,4% del total del gasto no financiero. La dependencia es lo que más recursos absorbe (791 millones). Cuatro de cada diez euros del Presupuesto de Igualdad. La Junta sigue presionando para que los fondos que llegan del Estado se repartan entre las comunidades no por número de dependientes, sino por aquellos realmente atendidos. En Andalucía 155.550 reciben prestaciones. La Junta asegura que no renunciará a medidas como la beca-cheque de los 6.000 euros o los medicamentos gratuitos para bebés.
