La jueza Mercedes Alaya, que instruye el caso ERE está centrada en seguir la pista al dinero de las sobrecomisiones que supuestamente cobraron las aseguradoras, bufetes, sindicatos y mediadores que intervinieron en la tramitación de los ERE subvencionados y en los que se investiga la inclusión de falsos prejubilados diversas, irregularidades en el sistema de concesión de las ayudas y fraude de fondos públicos. Vitalia y Uniter fueron las principales aseguradoras con las que la Junta contrató las pólizas y Alaya ha imputado a sus cúpulas algunos están en prisión e indaga en el enriquecimiento patrimonial de sus directivos. Por ello, en abril, ordenó el bloqueo de 84 cuentas de Uniter y su filial Cureña, cuyo administrador único, José González Mata, está imputado. Su defensa recurrió y solicitó a la jueza que nombrase un administrador judicial para poder pagar y cobrar desde nóminas a préstamos o impuestos, una petición que apoyaron la Fiscalía Anticorrupción y la Junta. Sin embargo, tras una comparecencia con las partes ayer, Alaya decidió mantener el bloqueo y aplazó la decisión de nombrar un administrador judicial hasta que tome declaración a González Mata, algo que no ocurrirá al menos en las próximas dos semanas.
González Mata fue citado a declarar por Alaya el 21 de marzo en el marco de la Operación Heracles, en la que la jueza sumó 22 imputados más a la causa (él ya lo estaba), entre ellos su hijo, que fue detenido aunque quedó libre con cargos. Alaya suspendió la declaración de González Mata (y la del abogado de Estudios Villasís Carlos Leal) sin que aún los haya vuelto a citar. Esta situación motivó un escrito de queja de su defensa por las imputaciones hacia éste que aparecen en autos relacionadas con otros imputados que su cliente no pudo conocer oficialmente hasta que la semana pasada se levantó el secreto del sumario y de las que no se ha podido defender.
Según los informes de la Guardia Civil Uniter cobró 13 millones en sobrecomisiones y el rastro del patrimonio personal de González Mata revela entre 2003 y 2010 ingresó 881.416,47 euros, gran parte de origen desconocido y cobró cheques por 783.152,93 euros. En ese tiempo, el administrador único de Uniter declaró 755.369,81 euros de ingresos por su actividad profesional de los que 292.019,63 procederían de Uniter. A diferencia del exdirectivo de Vitalia José Albarracín, que compró 14 inmuebles en el tiempo en que trabajó con la Junta, González Mata no tiene nada a su nombre pero constan 29 propiedades de Cureña adquiridas entre 2001 y 2011 y valoradas en 13,1 millones, además de dos coches por valor de 11.617,40 euros. La Guardia Civil cree que Cureña era una empresa patrimonial que usaba para canalizar lo ganado con las sobrecomisiones, ya que ha detectado gastos en sus cuentas difícilmente imputables a la actividad de la sociedad tales como compras de artículos de decoración, joyería o vehículos.
El abogado de González Mata, Juan Pedro Cosano, criticó cómo se está llevando esta causa ya que Alaya ha tardado dos meses en convocarnos desde que pidió el administrador judicial. Dijo no entender las razones por las que ayer se negó ya que no perjudica a nadie. El bloqueo de las cuentas supone la muerte civil de la empresa pues impide pagar las nóminas de 25 empleados y afrontar obligaciones tributarias por lo que Hacienda ya está anunciando embargos de bienes. Es un caos que sería fácil de solucionar.
