La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya.
La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía considera "indebidos" los 51,5 millones de euros cobrados en comisiones por Uniter y Vitalia, todo ello con independencia de que sitúen por encima o por debajo de la media del mercado, ya que, según informes de la Dirección General de Seguros, "para contratar con la Administración no hacen falta intermediarios".
Así consta en la imputación que este lunes ha realizado la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, al dueño de Uniter, José González Mata, quien ha comparecido ante la juez tres meses después de que se desarrollara por parte de la Guardia Civil la operación 'Heracles', centrada en investigar el supuesto cobro de 'sobrecomisiones' por parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE.
La magistrada, que atribuye a González Mata presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, apropiación indebida, asociación ilícita, cohecho, contra la Hacienda Pública, y blanqueo de capitales, considera "indebidas" la totalidad de las comisiones cobradas y no sólo los 20 millones de euros de 'sobrecomisiones' por encima de la media del mercado.
En la imputación, de 30 folios de extensión, la juez ha hecho alusión también a los 7,6 millones de euros de 'sobrecomisiones' que terminaron en el entorno de los sindicatos UGT y CCOO, 3,2 de los cuales fueron abonados por Uniter y el resto por Vitalia.
Una vez leída la imputación, ha comenzado la declaración del dueño de Uniter con preguntas de la juez instructora, quien le ha cuestionado si "despachaba" con el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, pero el imputado lo ha negado y ha asegurado que "negociaba todos los ERE" con el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero a excepción de los casos de Santana Motor en 2001 y la Faja Pirítica de Huelva en 2003, en los que intervino una persona a la que ha identificado como 'Paquillo'.
'PAQUILLO'
Fuentes del caso han informado a Europa Press de que 'Paquillo' podría ser Francisco García Martínez, ex secretario general de Empleo entre 2000 y 2003 y en la actualidad primer teniente de alcalde y concejal en el Ayuntamiento de Guarromán (Jaén).
Asimismo, el imputado ha asegurado que los sindicatos decidían qué consultora entraba en cada expediente y, a partir de ahí, él negociaba directamente con los sindicatos y con Guerrero las necesidades de cada ERE, punto en el que ha señalado que Uniter pagaba un 0,50 por ciento por cada póliza a los "brókeres" de los sindicatos, que "auditaban" y "supervisaban" dichas pólizas de prejubilación tanto a la Junta de Andalucía como a las mediadoras, aunque en los casos de Delphi y Astilleros llegó a pagar el uno por ciento.
Al hilo de ello, González Mata ha negado haber cobrado comisiones de hasta un 30 por ciento, tal y como sostiene la instructora, y ha aseverado que las mismas se situaban "de media" en el cinco por ciento y "a veces" llegaron al 13 por ciento.
El imputado ha reiterado que la Junta le adeuda actualmente las comisiones correspondientes a "200 o 300 millones de euros" en pólizas, que es "poco más de la mitad de lo que ha tramitado", por lo que ha asegurado que "si volviera a ponerse en 2001, no trabajaría con la Junta", a lo que la juez ha contestado diciendo "para como le ha ido, desde luego".
2,7 MILLONES A ESTUDIOS JURIDICOS VILLASIS
En otro momento de su declaración, la juez ha insistido en cuestionarle sobre por qué Uniter pagaba al despacho de abogados Estudios Jurídicos Villasís --con varios imputados en la causa-- por los servicios que este despacho prestaba en relación a la Faja Pirítica de Huelva.
En este punto, González Mata ha asegurado que la mediadora abonó 2,7 millones de euros a este bufete entre los años 2001 y 2007 por el "asesoramiento jurídico" prestado a las asociaciones de trabajadores que se constituían cuando había un ERE, dinero que procedía del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y de las indemnizaciones a los trabajadores, y que debería ir a "aminorar" las primas financiadas por la Junta.
Por último, González Mata ha explicado que el despacho de abogados Garrigues le indicó que debía incluir al exconsejero de Empleo Antonio Fernández en el ERE de la bodega González Byass, ya que tenía derecho al ser un trabajador en excedencia, aunque lo condicionó a su futuro político, señalando que "como estamos en época de cambio de legislatura" había que esperar "a ver si sigue en el mundo político" antes de decidir sobre su inclusión en el ERE.
La comparecencia de González Mata ha concluido sobre las 20,30 horas y continuará este martes, a partir de las 10,30 horas, con las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción.
