La lista de imputados por las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) vuelve a engordar. Ayer, la jueza Mercedes Alaya imputó a 15 personas más, entre las que se encuentran un exedil del PP y un exsindicalista de UGT y otro de CCOO, con lo que ya son 166 los implicados en este fraude. Además, la magistrada ha citado a declarar la próxima semana al «tándem» formado por los empresarios José María Sayago y José Enrique Rosendo, cuyas empresas recibieron 34 millones de euros de los 55 que la Junta repartió en la comarca de la Sierra Norte de Sevilla, y ha dado orden de detención de un empresario en paradero desconocido.
En un auto notificado ayer a las partes, la titular del Juzgado de Instrucción número 16 imputa al que fuera secretario general de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (Fiteqa) de CCOO, José Luis Montesinos; al exsecretario general de la federación provincial de Jaén de MCA-UGT, Manuel Morales Larrubia, y al exconcejal del PP en La Carolina (Jaén) Ramón Polo. Morales y Polo, además, aparecen como «intrusos» en un ERE y cuya inclusión «no sería desacertado apuntar» al intermediario Juan Lanzas, ya que ellos también son de Jaén. En total, hay cinco nuevos intrusos detectados por la Guardia Civil. Según Alaya, los agentes apunta en uno de sus atestados «la existencia de evidencias de que los sindicatos se convertirían» para la aseguradora Vitalia «en una importante fuente de información sobre empresas en crisis que pudieran estar interesadas en procesos de reestructuración de plantilla y a cambio recibirían dinero de esta consultora». Incluso, en los registros policiales se han localizado documentos en los que la propia Vitalia «asume el pago de las primas» de sindicalistas «como contraprestación a la ayuda e influencia de los sindicatos en la elección de la consultora». Dichos pagos a veces se hacían con cargo a las «sobrecomisiones derivas de las pólizas financiadas por la Junta».
Asimismo, Alaya ordena a la Guardia Civil «la detención y presentación en este juzgado» de José Ángel Martín Moreno, administrador de Gestifesa, empresa que recibiría cantidades «procedentes de los fondos públicos andaluces» por la realización de planes de viabilidad a varias empresas, que eran las que tenían que haber pagado este servicio. Igualmente, ha citado a declarar al «tándem Rosendo-Sayago» tras recibir el atestado de la Guardia Civil que cifra en 34 millones de euros las ayudas a estas empresas.
Por otro lado, la jueza tomó ayer declaración como imputado al exabogado de José María Ruiz-Mateos Joaquín Yvancos, quien dijo que el empresario jerezano llamaba al exconsejero Gaspar Zarrías «el virrey de Andalucía». Según dijo, éste le pidió que «hiciera una fábrica en Jaén» y que a cambio «le podía echar una mano en el PSOE para arreglar el tema de la vieja Rumasa». Ayer, Zarrías aseguró que no conocía al letrado. «No sé quién ese señor, no lo conozco, no sé por qué dice eso y para qué lo dice», señaló.
Yvancos explicó que no tuvo relación con los ERE de sus empresas y que Ruiz-Mateos le explicó que Lanzas recibía «cien millones de pesetas por ERE, porque él tenía luego que repartir esa cantidad, y que él se quedaba con el diez por ciento». Además, dijo que un yerno del empresario es «un alto funcionario de la Junta, que es el que solucionaba muchas cosas a nivel de contactos».
