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Alerta de la patronal: hay 5.000 ayudas paralizadas

Las empresas de formación se sienten criminalizadas y víctimas de la batalla política

el 28 ago 2014 / 22:43 h.

La Junta se decidió el pasado lunes a publicar un listado de miles de empresas para las que el exconsejero de Economía, Antonio Ávila, firmó una especie de prórroga en 2012 a la hora de justificar las subvenciones que habían recibido para la formación. En pleno escándalo por el presunto desvío de estos fondos y cuando salió a la luz pública que el Gobierno andaluz había exonerado a empresas de presentar sus justificantes, la Junta adoptó este gesto que consideró de «transparencia» pero que no le ha salido bien. La lectura fue que el Ejecutivo andaluz había abierto la mano o echo la vista gorda para estas empresas y el PP se aferró directamente a ese argumento para alimentar la teoría de una trama orquestada al calor del Gobierno para beneficiar a militantes socialistas. Los daños colaterales son para las empresas de la lista, envueltas en esa nube de sospecha. El enfado de la patronal de centros de formación de Andalucía, Cecap, estalló ayer en forma de comunicado. Estas empresas cifraron en más de 5.000 los expedientes que tiene actualmente la Junta «sin resolver y liquidar por falta de gestión y liquidez», y acusó a la administración de usar las exoneraciones para «tapar la parálisis administrativa». En un comunicado remitido a los medios de comunicación, Cecap acusó al Ejecutivo andaluz de «faltar a la verdad cuando afirma que los expedientes de los cursos no están justificados». Según esta patronal, en un «altísimo porcentaje» las más de 1.100 entidades que aparecen en ese listado y, en concreto, los expedientes (unos 3.000), «ya estaban justificados y entregados en tiempo y forma», pero la administración tardaba recurrentemente años y años en revisar y liquidar, por lo que recurrió a la exoneración. Cecap precisó que la Junta no exonera de la obligación de justificar los gastos acometidos por las entidades beneficiarias de fondos de formación incluidas en el citado listado, sino que permite que la falta de resolución administrativa no impida que se puedan resolver nuevas resoluciones o expedientes anteriores. Por tanto, insistió en que la Junta «miente» porque «sabe mejor que nadie que la situación actual ha llegado como consecuencia de la parálisis administrativa, que impide que miles de expedientes justificados en tiempo y forma aún no estén revisados, resueltos y liquidados». Denunció que esta situación ha provocado el cierre de centenares de empresas de formación en los últimos años, el despido de miles de trabajadores y concursos de acreedores y embargos. La patronal censuró que Andalucía sea la única región de España que no ha convocado formación para desempleados en los dos últimos años, y se preguntó por el destino de las transferencias millonarias que ha recibido la Junta del Estado para formación. También mostró su rechazo a la nueva ley que regula estos cursos y cuyo anteproyecto pasó por Consejo de Gobierno el martes. A su juicio impide a la empresas privadas participar en la formación para el empleo. Cecap, que representa a más de 300 centros de formación andaluces, lamentó el perjuicio que le causa a las empresas de formación convertirse en el «epicentro de una batalla política interesada». En realidad la versión de la patronal es la que más se parece a lo que hasta ahora ha intentado transmitir sin éxito la Junta. Desde la Consejería de Economía vienen defendiendo que en 2012 había 4.893 expedientes de ayudas de empleo que debían presentar justificación para concurrir a la siguiente convocatoria de ayudas. La Junta firmó las 2.895 exceptuaciones a 1.195 empresas, las que se han hecho públicas. Todas ellas habían presentado los justificantes de las ayudas. Al resto, 1.998 expedientes, no se les firmó la exceptuación. La Junta insiste en que la medida fue, por tanto, excepcional, y en ningún caso se trató de una amnistía. El atasco en la administración y la «incapacidad», según fuentes de la propia Junta, llevaron a firmar esa prórroga a miles de empresas, entre ellas la del exconsejero Ojeda, ayuntamientos, ONGs y sindicatos.

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