La Fiscalía Anticorrupción apunta a que tanto el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, como quien fuese su socio en el Instituto Nóos, Diego Torres, urdieron un entramado societario cuando ambos estaban al frente de esta entidad a fin de apoderarse de los fondos públicos y privados que recibía Nóos, para lo cual fijaban precios "totalmente desproporcionados" por los servicios que prestaban a la Administración y simulaban asimismo trabajos "ficticios".
Así consta en el auto, al que ha tenido acceso la agencia Europa Press, que dictó el juez instructor del caso Palma Arena para ordenar la entrada y registro de varias de las sociedades presuntamente involucradas, tras varios meses de investigaciones en torno al supuesto desvío de 2,3 millones de euros que el Govern balear presidido por Jaume Matas destinó en 2005 y 2006 a Nóos para la celebración de dos foros sobre turismo y deporte.
La resolución judicial asevera que el precio de ambas jornadas (1,2 millones la primera y 1,1 la segunda) es "totalmente desproporcionado para lo que supone el encargo" y fue fijado "exclusivamente en base a un presupuesto ficticio en tanto que realizado sin analizar coste alguno", hechos que investiga en la pieza número 25 de las 26 que integran el caso Palma Arena.
Según la resolución el fiscal señala que fue a partir de 2003 cuando el duque de Palma entró en vinculación con Nóos y un año después comenzó a presidir la entidad, mientras Torres ostentaba el cargo de gerente. La Fiscalía apunta, sin embargo, que "la única finalidad perseguida" por Urdangarín y Torres con la toma del control de Nóos era "contar con la cobertura de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro, una especie de ONG dedicada a proyectos sociales". Todo ello a fin de aparentar la "no persecución de fines lucrativos, rodearse del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas a las que presuntamente se dedicaba la asociación y evitar suspicacias por parte de terceros al financiarse básicamente con fondos de organismos públicos". ç
"La operativa", sigue el auto, "consistía en que por el Instituto Nóos se fijaban unos precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaba para la administración pública y, tras recibir fondos públicos, se simulaba por parte de dicha asociación la contratación de servicios ficticios a dichas mercantiles" -las del entramado societario-, "o presumiblemente facturados por importe superior al servicio realmente prestado, emitiendo las mismas las correspondientes facturas contra Nóos, acabando de esta forma los fondos públicos en manos de mercantiles controladas por Torres y Urdangarín", prosigue el escrito.
Las entidades presuntamente usadas eran, especifica el auto, Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon S.L., Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management.
