Así consta en el escrito de calificación que el fiscal presentó ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Nules, que el pasado 1 de julio decidió continuar el procedimiento abierto contra Fabra, su esposa, María Amparo Fernández Blanes; el empresario Vicente Vilar y su ex mujer, Montserrat Vives Plaja.
El fiscal pide también cuatro años de cárcel para Vilar y su ex mujer y ocho para la esposa de Carlos Fabra por fraude fiscal.
Además, solicita para el presidente de la Diputación de Castellón 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público y una multa total de 2.330.000 euros por cinco delitos de fraude fiscal y uno de cohecho continuado.
En el caso de Fernández Blanes, el fiscal pide una multa de 1.186.000 euros por cuatro delitos contra la Hacienda Pública, mientras que para Vilar y Vives Plaja solicita una sanción económica de 600.000 euros.
La denuncia que originó estas diligencias fue presentada en diciembre 2003 por Vilar, quien acusó a Fabra de cobrarle por hacer gestiones ante los ministerios de Sanidad y Agricultura para conseguir agilizar las autorizaciones de fabricación de productos fitosanitarios. A raíz de esta acusación, Hacienda denunció a Fabra por supuestas irregularidades en la declaración de la renta del año 1999, y tras ello el juez acordó que se investigaran sus cuentas desde ese año hasta 2004.
En su escrito de acusación, Anticorrupción explica que las presuntas actuaciones delictivas de Fabra se produjeron entre 1999 y 2002, "constando diversas reuniones tanto con responsables políticos como administrativos" de ambos ministerios y de las Cor¬tes Generales. Así, relata que en 1999, Vi¬lar y su esposa, administradores de la empresa Naranjax SL, se pusieron en contacto con Fabra para que "valiéndose" de su cargo y de sus contactos intermediara para agilizar la obtención de autorizaciones para fabricar y comercializar fitosanitarios.
Respecto al fraude fiscal, Anticorrupción afirma que entre 1994 y 2004, Fabra y su esposa tuvieron ingresos que ocultaron a Hacienda y que no se corresponden ni con el patrimonio ni con la renta que declararon. Las cantidades defraudadas suman más de 880.000 euros.
