La jueza Mercedes Alaya llega a los juzgados del Prado.
Nuevo encontronazo de la Fiscalía Anticorrupción con la jueza Mercedes Alaya, en esta ocasión por la supuesta venta irregular de los suelos de Mercasevilla. El fiscal ha solicitado en un recurso que «anule» y deje sin efecto el auto por el que daba por cerrada la investigación del caso, solicitando así su reapertura, ya que la magistrada ordenó la práctica de nuevas pruebas y adjunto una serie de documentación recibida, con posterioridad. El Ministerio Público le pide también la «nulidad» de todo lo actuado tras dictar el auto y le recrimina que no fuera informado de estas nuevas diligencias, recordándole que debió «retrotraer las actuaciones a una fase anterior» si consideraba que estas pruebas eran necesarias.
El escrito del fiscal, fechado el pasado 3 de marzo, es bastante duro con la actuación de la titular del Juzgado de Instrucción número 6, quien el pasado 20 de diciembre dictaba el auto de apertura del juicio oral por esta rama del caso Mercasevilla. «Que se deje sin efecto y se dicte nueva resolución por la que se acuerde la nulidad de la incoación de procedimiento abreviado y de todo lo actuado con posterioridad», reclama en su escrito.
Según relata Anticorrupción, tras dictar dicho auto, en concreto el 25 de febrero, Alaya acordó «unir la documentación aportada» por los abogados de Emilia Barrial, subjefa del Servicio de Licencias de la Gerencia de Urbanismo, y Isabel Evans, exjefa de dicho servicio. Además, «libró oficios al Colegio de Arquitectos y a la Gerencia de Urbanismo para que remitan diversas certificaciones». Ha sido «ahora» cuando la magistrada ha informado al fiscal de que «existían escritos de varias de las partes» presentados en el juzgado «con antelación» al auto que cerraba la investigación y que «no estaban incorporadas a las actuaciones». «Se observa con meridiana claridad que se ha privado a este Ministerio Público de su posible examen y de la valoración que pudiera tener a efectos del oportuno recurso», a lo que añade que «ese defecto por si mismo es motivo suficiente de nulidad de todo lo actuado con posterioridad».
Para la Fiscalía «no es procedente que por parte de la magistrada, tomando como base escritos de fechas anteriores, se ordene de oficio la práctica de nuevas diligencias». En este sentido, explica que si «como consecuencia del examen de estos escritos» consideró que «la instrucción no estaba acabada y que tales diligencias son pertinentes por necesaria», la decisión de Alaya debía haber sido «acordar de manera inmediata la nulidad del auto de incoación de procedimiento abreviado». De esta forma, una vez que se practicasen todas las pruebas y se analizasen los argumentos de los escritos aportados, debió decidir «si la fase de instrucción está acabada dictando nuevo auto». Así, y ante el hecho «de no haber podido valorar» el resultado de los pruebas «que de manera intempestiva ahora se ordenan» reclaman que se deje sin efecto el auto y todas estas pruebas.
