El banco de tierras para absorber el paro mediante la agricultura que planea IUya tiene diseñado un proyecto piloto en Castellar de la Frontera, un municipio gaditano de 3.200 habitantes con todo un catálogo de tierras que el Ayuntamiento aspira a convertir en públicas y comunales. Se pretende crear un auténtico vergel no sólo en lo agrícola sino en lo ideológico, porque va más allá de aprovechar la tierra para cultivarla y criar ganado: busca dar un vuelco al modelo productivo abrazando una agricultura sostenible, ecológica, enfocada hacia el consumo local, que genere sus propias semillas para ser autosuficiente y evitar el uso de transgénicos, que asuma la transformación de las cosechas e implique a los agricultores y ganaderos en las decisiones.
El proyecto, que el coordinador regional de IU Antonio Maíllo ha puesto como ejemplo, precisaría una inversión inicial de 1,6 millones y generaría 11 puestos de trabajo estables el primer año y 21 en cuatro años. Se diseñó para 50 hectáreas de la finca Majarabú, un terreno de 229 hectáreas de la Junta de Andalucía, que durante el pasado mandato estuvo negociando cederlo por 25 años al Consistorio, aunque el diálogo se frenó abruptamente. Con la llegada de IU a la Junta y la propuesta de crear el banco de tierras, el alcalde de Castellar, Juan Casanova (IU),ofreció el estudio como experiencia: La finca no tendría por qué esperar a la ley, podría ponerse en marcha como proyecto piloto porque ya es de la Junta, explica el regidor, que plantea asumir la gestión hasta que se haya formado a los agricultores y dotado de medios al terreno, y en el futuro crear una cooperativa.
Se trata de una experiencia de gran calado que busca superar las imposiciones del actual modelo de explotación agraria, que usa semillas transgénicas y pesticidas, lo deja todo en manos de multinacionales, traslada las cosechas al otro lado del mundo..., protesta el alcalde. El modelo alimentario local, agroecológico y soberano es más justo, más sostenible, más eficiente, más sano y, por si fuera poco, genera mucho más empleo, asegura el estudio Estrategias agroecológicas de soberanía alimentaria, una completa memoria que detalla el modelo que se implantaría, la metodología para la dinamización social y un plan de empresa basado en la creación de esa cooperativa que estaría formada por parados del municipio.
Tierra fértil // Esta fase piloto aprovecharía 50 hectáreas, destinando 20 a cultivos de hortícolas, hierbas aromáticas y praderas o cultivos de siega. La idea es distribuirlos en seis parcelas rotando la siembra por años, garantizando la fertilidad porque un cultivo no se repetiría hasta pasados seis años, para no agotar los nutrientes. Otras 10 hectáreas se destinarían a frutales, colocados de forma lineal en los bordes de la finca y los límites de las parcelas para separar los cultivos.
Habría 20 hectáreas de pastos y praderas para la explotación ganadera. El proyecto ironiza con que el actual modelo productivo olvida que los animales se alimentan de hierba y tienen patas, por lo que su cuidado puede diseñarse en función de esas características, es decir, el pastoreo rotacional: los animales pasarían en orden por los suelos según de qué se alimentaran: primero las vacas que comen hierba alta, luego las ovejas hierba corta, cabras ramoneo, caballos y burros hierba seca, gallinas gestión de insectos y parásitos, conejos y cerdos laboreo. Se añadirían 40 colmenas para producir miel y garantizar la polinización de cultivos y frutales.
En la finca habría 1.200 metros cuadrados de instalaciones formativas, ganaderas y auxiliares, que se crearían con criterios de bioconstrucción de bajo impacto ambiental: muros de alpacas de paja tensados con cinchas de madera, acabados en cal, techos de tejas.. incluirían naves para la preparación de los productos de la finca, la transformación artesanal fabricación de conservas, obrador de pan, quesería..., y almacenes, cuadras, cochineras, gallineros, viveros de semillas... además de aulas y laboratorios para formar a agricultores y ganaderos.
La inversión incluiría la introducción de sistemas de riego, la construcción de las instalaciones, y la compra de animales, plantas, maquinaria y enseres, además del coste de la formación, que incluiría en el equipo docente a agricultores locales con experiencia en cultivos tradicionales.
El estudio estima que la iniciativa sería viable al completarse un ciclo de animales y cultivos, en unos cinco o diez años.
Los vecinos gestionan un terreno forestal b Castellar es un municipio peculiar. Su alcalde explica que los vecinos vivieron en la antigua fortificación hasta que en los años 70 se construyó el pueblo y los terrenos se repartieron entre los vecinos. En principio fue en usufructo, y luego en propiedad, algo que Juan Casanova no quisiera repetir con la finca Majarabú si se convierte en el modelo experimental del banco de tierras. La gestión sería, más bien, como la de la finca La Boyar, las 526 hectáreas expropiadas a la familia Ruiz Mateos que se devolvieron al municipio en 2006 y que se gestionan de forma comunal: una junta rectora y una asamblea de vecinos a la que pertenecen todos los habitantes de Castellar deciden sobre los terrenos. En este caso son suelos forestales, monte bajo y alcornocal, que rodea al castillo y se adentra en el parque natural de los Alcornocales. La titularidad dominical del monte corresponderá, sin asignación de cuotas, a los vecinos integrantes del término municipal de Castellar de la frontera, rezan los estatutos.
Reclaman una finca de 14.000 hectáreas Más allá del proyecto piloto en Majarabú, el alcalde relata con ímpetu la gran aspiración de Castellar: la finca La Almoraima, propiedad del Ministerio de Agricultura, que quiere venderla para hacer caja. Los vecinos piden que se les ceda y creen que podría absorber a los 480 parados del pueblo: existe un proyecto para instalar una planta de biomasa y generación de energía eléctrica que crearía 40 puestos de trabajo. Hay una zona forestal que genera corcho que se envía fuera para su transformación, algo que el alcalde quiere que se realice en el municipio construyendo una pequeña industria. En la parte agrícola se pretenden dedicar 100 hectáreas a un proyecto hortofrutícola ecológico y a hierba para ganado; y finalmente se podrían aprovechar las antiguas construcciones, rehabilitadas, para atraer al turismo rural.
