Tres años de cárcel para pagar seis años continuados de vertidos ilegales. Es la pena que el Juzgado de lo Penal 1 de Granada ha impuesto al alcalde de Atarfe, el socialista Víctor Sánchez, por un delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente. Sánchez estará otros tres años inhabilitado y deberá pagar una multa de 12.000 euros para resarcir su daño. Junto al alcalde ha sido condenado el representante de la promotora de las viviendas que sufrieron las aguas, por el mismo delito. Según consta en el auto, difundido ayer por Europa Press, el juez entiende que el regidor -actualmente de baja por motivos de salud y que ayer presentó su dimisión irrevocable- es el responsable de los vertidos incontrolados que se produjeron entre 2001 y 2007 "de forma constante e ininterrumpida" que se produjeron por el "abandono" de las instalaciones de depuración de la urbanización Llanos de Silva. Esta situación generó una posibilidad de "grave perjuicio para los sistemas naturales y la salud".
La falta de mantenimiento de la depuradora, el impago de los costes de suministro de energía eléctrica, así como la decisión del alcalde en 2000 de conectar a la depuradora el saneamiento de aguas residuales de un colegio cercano llevó a que la depuradora dejara de funcionar. Fue entonces cuando la asociación de vecinos de la zona presentó varios escritos de queja en el Consistorio, "siendo éstos desatendidos por la administración pública, única competente en la materia", apunta el auto. El juez entiende, además, que Sánchez hizo "dejación absoluta de sus deberes legales, con la connivencia y colaboración de su concejal de Urbanismo", al negarse a hacerse cargo del mantenimiento de las instalaciones.
La resolución sostiene que el alcalde evitó incluso la recepción de las obras, aunque de forma paralela fue concediendo licencias de ocupación a los vecinos de Llanos de Silva, "a sabiendas de que así se generarían aguas residuales que no iban a ser depuradas por falta de mantenimiento". Ese paso, sumado al enganche del colegio Granada College, "multiplicó" las aguas residuales vertidas a la zona. La situación se agravó "extraordinariamente", sostiene el juez, puesto que la depuradora sólo tenía capacidad para depurar las aguas de una población máxima de 500 personas por lo que, teniendo en cuenta que los vecinos empadronados en la urbanización eran 67 y que el colegio generaba aguas residuales correspondientes a unas mil personas, la capacidad del digestor quedó "desbordada".
Ante el agravamiento de la situación y la constatación de que las aguas residuales se estaban vertiendo sobre el terreno y que alcanzaban el pantano de Cubillas sin ser depuradas, se procedió en 2003 y 2004 a labores de reparación de la depuradora, si bien después no se llevó a cabo del mantenimiento de la instalación, por lo que los vertidos se mantuvieron. La conclusión que extrae el magistrado es que el vertido causó daños, "traspasando el umbral del mero riesgo o peligro concreto para determinados componentes del sistema afectado", y al quedar dañados, "resultaron menoscabados y puso en grave riesgo la salud de las personas que se abastecen del agua del pantano y el Cubillas o las usan para baño o pesca, por la presencia de coliformes y estreptocos fecales".
