La seguridad vial es uno de los ámbitos en que Fiscalía y Consejería de Educación han acordado colaborar para luchar contra distintos tipos de conductas delictivas protagonizadas o que afectan a menores. Los otros tres ámbitos son la violencia en las aulas (tanto agresiones a profesores como entre iguales), el absentismo escolar y el fraude en el proceso de escolarización. Para cada uno de ellos, el Fiscal Superior de Andalucía, Jesús García Calderón, y el consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, acordaron ayer constituir grupos de trabajo que coordinen la colaboración y el intercambio de información entre el ministerio público y la administración y realicen un seguimiento de las medidas conjuntas que se adopten.
García Calderón destacó que el hecho de que las sanciones sobre delitos de tráfico se pudieran cumplir dentro del sistema educativo resultaría "extraordinariamente beneficioso" y la fiscal de Sala coordinadora de Menores de la Fiscalía General del Estado, Consuelo Madrigal, destacó que "en varios puntos del país se está haciendo mediante convenios entre la Fiscalía y los ayuntamientos". Por su parte, el consejero de Educación se mostró partidario de esta iniciativa y añadió que la Junta además estudia incluir la educación vial en la enseñanza obligatoria bien como un contenido específico en Ciudadanía o con distintos trayectos curriculares.
Respecto a la violencia escolar, el consejero recordó que la conflictividad grave se limita el 3% del alumnado y no en todos los casos se trata de agresiones aunque "es cierto que es un hecho muy dañino". En este aspecto, la colaboración se centrará sobre todo en el intercambio de información para que la Fiscalía, que jurídicamente ya "no tiene dudas" de que se puede imputar el delito de atentado contra la autoridad, actúe (ya hay una sentencia pionera en este sentido por la agresión física de una madre a la directora de un instituto en Málaga).
Álvarez de la Chica también minimizó los casos de fraude en la escolarización -el año pasado se identificaron 600 irregularidades- aunque anunció que "si se detecta un caso flagrante de falsedad documental se trasladará a la Fiscalía". Por último, en el grupo de trabajo contra el absentismo escolar colaborará el Defensor del Menor, que también participó en la reunión de ayer. En este caso, el trabajo principal compete a la administración pero la Fiscalía se compromete a supervisar la labor de control que debe hacer la Junta.
