La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a cuatro años y medio de cárcel a la exalcaldesa socialista de Jerez de la Frontera (Cádiz) Pilar Sánchez por varios delitos relacionados con la ayuda de 244.000 euros que concedió a una empresa para que se instalara en la ciudad. Con esta segunda condena, que se suma a la de dos años de prisión que le fue impuesta el año pasado por desviar fondos del plan E para pagar gastos corrientes municipales, Pilar Sánchez podría convertirse, después de Pedro Pacheco, en la segunda regidora de Jerez de la Frontera encarcelada.
Fuentes jurídicas han explicado a EFE que su ingreso en prisión, previsiblemente, podría demorarse hasta la resolución de un probable recurso contra la sentencia ante el Tribunal Supremo, ya que la condena es inferior a cinco años de prisión.
La Audiencia condena a Sánchez a cuatro años y medio de prisión y ocho de inhabilitación porque considera probado que cometió los delitos de falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación al conceder una subvención a la empresa TISA, dedicada a la fabricación de generadores de oxígeno, para que se instalara en los suelos del Parque Tecnológico Agroindustrial (PTA) de Jerez de la Frontera.
Por estos mismos delitos condena a dos años y medio de prisión a la que fuera delegada de Medio Rural, María del Carmen Martínez Martínez, y a un año y nueve meses de cárcel para el capataz municipal Salvador Rubio, al que hicieron firmar un informe en el que se aumentaba de 9 a 14 puntos la puntuación de la empresa para que la subvención que le correspondiera fuera del cuarenta por ciento en lugar del 20 por ciento.
La Audiencia absuelve a Francisco Lebrero, que fuera delegado de Fomento, porque entiende que no hay constancia de que interviniera en el expediente ni tuviera relación con el borrador del informe de puntuación manipulado.
También absuelve a los tres consejeros de TISA Jose Manuel Caro, José María César y Jose María Rivera porque sólo presentaron una solicitud y respondieron a las peticiones de aclaraciones técnicas, sin que haya constancia de "contactos" con la alcaldesa o la concejal condenada en el curso de su expediente.
Aunque no especifica que hubiera algún motivo para beneficiar a la empresa, la Audiencia Provincial de Cádiz si considera probado que Pilar Sánchez "seguía de cerca y con interés la solicitud de la empresa".
