Los juzgados de Utrera tienen el dudoso honor de encontrarse entre los peores de España, debido al importante colapso que padecen. Todas las voces posibles han alertado ya de esta situación, que no mejora y que ahora llega a Europa. Medio centenar de profesionales del partido judicial utrerano han denunciado ante la Comisión Europea estos problemas, solicitando su intervención «ante la quiebra más que fraudulenta del Estado de Derecho en este marco geográfico». En un escrito presentado ante el organismo correspondiente, han puesto de manifiesto las graves carencias que sufren estos juzgados, que atienden a Utrera, Los Palacios y Villafranca, El Coronil y Los Molares, con 98.472 habitantes, a lo que se une la población flotante, con 39 núcleos en el entorno.
Para atender el volumen de trabajo que se genera, son pocos los aumentos de órganos judiciales y de trabajadores que se han vivido en las últimas tres décadas. En concreto, desde los años 80 existen solamente tres juzgados en la ciudad, pese a ser «evidente el aumento poblacional del partido judicial, el crecimiento de la litigiosidad, la nueva adscripción de conocimiento de asuntos, con el mismo número de órganos jurisdiccionales y la misma plantilla de personal», según recoge el escrito al que ha tenido acceso este periódico.
La única mejora experimentada se produjo en 2010, cuando entró en funcionamiento el cuarto juzgado. Sin embargo, esto no ha supuesto grandes avances en cuanto a la penosa situación de la sede judicial de Utrera. Es algo que ha señalado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en sus memorias anuales de actividades y funcionamiento, calificando a los órganos judiciales utreranos como sedes «conflictivas». No solo han alzado su voz funcionarios, procuradores, abogados, jueces, fiscales, secretarios, fuerzas y cuerpos de seguridad ciudadanos sino también el Ayuntamiento e incluso el Defensor del Pueblo Andaluz, que llevó este asunto al Parlamento. Las competencias en materia de Justicia son de la comunidad desde 1997 para la gestión de los trabajadores pero es el Gobierno el que decide la creación de nuevos juzgados y las plazas que se crean.
Según el documento presentado ante Europa, «la enorme carga de trabajo que pesa desde hace años sobre los juzgados de Utrera y la complejidad de los asuntos que conocen, acorde con dicho volumen de litigiosidad, continúa experimentando un fuerte crecimiento al mismo ritmo que aumenta velozmente su población, conflictividad económica y social e índice de delincuencia». A ello se suma «el problema de movilidad y consiguiente inestabilidad derivado de los continuos movimientos de los jueces titulares, motivado fundamentalmente por el régimen de ascenso forzoso, lo que sin duda repercute de forma negativa en la tramitación y resolución de los asuntos».
Si se comparan los recursos existentes en Utrera con los que hay en Dos Hermanas, la sede judicial utrerana no sale muy bien parada. La ciudad nazarena, junto a sus cuatro núcleos de población, cuenta con siete juzgados con categoría de magistrado y dos más en previsión, para una población de 129.719 habitantes. Con estas cifras, en Utrera se considera que no sólo sería necesario contar con, al menos, cinco juzgados, «sino que resultaría aconsejable tanto el aumento cuantitativo de órganos jurisdiccionales como el cambio cualitativo de los mismos, dándoseles la consideración de segunda categoría, consolidando de esa manera una continuidad en los nombramientos».
En Utrera aprecian «un más que evidente trato discriminatorio y privilegiado hacia Dos Hermanas, en detrimento de la población y necesidades del partido judicial de Utrera, de lo que se ha hecho eco y reflejado el mismísimo Defensor del Pueblo, que lo ha reflejado en su informe de 2013, publicado por el Parlamento». Y es que resulta «evidente la falta de atención con los problemas crónicos, ya que no se ha priorizado, cuando ha podido hacerse, y se ha tratado de forma diversa a este partido judicial».
