Antonio Delgado tiene 62 años, está enfermo del corazón y lleva desde 2007 pidiendo una vivienda social porque su paga de 426 euros no le da para mantener una, pero en todo este tiempo ni siquiera ha conseguido que los servicios sociales le digan si es apto para acceder a un piso de alquiler social. Ayer, un día antes de la fecha en la que iba a ser desalojado de su última casa, cogió las pocas cosas que le quedaban y se metió en el local de la asociación Mujeres Solidarias del Polígono Norte, creada hace un par de años para repartir comida entre vecinos necesitados del barrio. La asociación la gestiona su hija y él ha colaborado desde el principio, ya que los impulsores del proyecto eran también beneficiarios al ser familias necesitadas.
La suerte de Antonio es que antes de ser cedido a los vecinos el local era la sede de la Policía Local, por lo que tiene aseos y duchas, aunque no cocina. Allí ha colocado su cama y un par de armarios y cómodas de Ikea, que conviven con el arcón congelador de la asociación y con cajas con restos de alimentos no perecederos y juguetes infantiles aún sin repartir, amontonados en salas aledañas.
Antonio ha podido meterse allí porque la asociación no ha recibido aún el primer cargamento de alimentos de la temporada, pero cuando lleguen las cajas será difícil que tenga sitio. En todo caso, sabe que su estancia allí no puede prolongarse. Lo que no sabe es cuál será la solución. El de Antonio es uno de los 40 casos de emergencia social que el grupo municipal socialista envió en mayo al Gobierno del PP para que estudiasen si podían concederles una vivienda. Desde entonces, una abogada se ha encargado, de forma personalizada en nombre de cada afectado, de realizar las solicitudes ante los asuntos sociales municipales, sin recibir en el caso de Antonio ni siquiera una respuesta.
Antonio ha acabado enredado en una maraña de burocracia después de un largo camino que comenzó en 2007, cuando se separó y se fue de alquiler a Sevilla Este. Siempre había trabajado de escayolista y reponedor de supermercados, y decidió montar una empresa con su hijo, pero sufrió dos accidentes laborales y terminó perdiendo los encargos y la empresa. Pronto no pudo pagar el piso, y ese mismo año su hija le solicitó una vivienda social. Me dijeron que le daban diez días en el albergue o el hogar San Fernando, cuenta Maite Delgado. Entonces le alquiló una habitación en Pino Montano y reclamó a una Unidad de Trabajo Social (UTS) que baremase su situación.
En medio del proceso sufrió la primera de sus dos anginas de pecho, de la que salió con un marcapasos y tomando ocho pastillas diarias. Yo sé que esto no me lo ha provocado mi situación, pero sí me lo ha agravado, dice Antonio, que sufre arritmias y ayer notó una al entregar las llaves del piso del que se fue antes de ser desalojado.
De ese piso compartido, y de otro, se tuvo que ir porque le alquilaron el cuarto a otras personas, mientras su hija seguía chocando contra los asuntos sociales: Me decían que había pasado el año y que había que empezar otra vez con el baremo; me mandaron a la delegación de la Junta de Andalucía; luego dijeron que como se había mudado le correspondía otra UTS y otra vez vuelta a empezar, a lo que nos negamos.... Ni siquiera su estado de salud aligeró los trámites. Al final Antonio acabó en una vivienda de Castilleja.
Me he llevado un año yendo una, dos y hasta tres veces por semana al Palacio de los Marqueses de la Algaba sede de los servicios sociales municipales, pero nada, se queja Antonio. Ayer mismo le llegó una carta del Defensor del Pueblo Andaluz que leyó con media sonrisa, en la que le conminaban a dirigirse a los servicios sociales municipales, esos que no me hacen ni caso. En mayo, su caso fue trasladado por el PSOE al Gobierno municipal y asumido por una abogada que ha seguido requiriendo una respuesta. A día de hoy, sigue sin recibirla.
El Ayuntamiento replicó ayer que hace dos años que Antonio no acude a los servicios sociales municipales, que conoce perfectamente el procedimiento para solicitar ayudas y que en mayo Urbanismo lo derivó a Emvisesa. Da la casualidad de que este año las políticas de vivienda social han cambiado de manos varias veces entre distintas áreas municipales.
Antonio no sabe qué hará cuando deba irse del local en el que está, pero sí sabe una cosa que repite insistentemente: ¿No dice el Ayuntamiento que tiene 300 viviendas vacías? ¿Cómo es que aún no se ha puesto ni siquiera en contacto conmigo?.
