La Junta llevó ayer tarde al juzgado 37 nuevos casos presuntamente irregulares de prejubilaciones en una docena de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Según pudo confirmar este periódico, entre los intrusos figuran tres militantes socialistas: el exalcalde de El Pedroso, Rafael Rosendo, el exdelegado de Trabajo y Asuntos Sociales, Juan Rodríguez Cordobés, y otro militante Alejandro Millán (también de El Pedroso).
La Consejería de Empleo ha terminado de rastrear 30 de los 45 ERE que siguen vivos, es decir, cuyas ayudas siguen cobrándose y que afectan a 6.096 trabajadores. En esa investigación interna, la Junta ha determinado irregularidades en 12 ERE (no trascendieron las empresas). Ayer tarde trasladó la información al juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, cuya titular, Mercedes Alaya, ha destapado una presunta "trama" fraudulenta en ERE financiados con fondos públicos. La jueza investiga si existió una supuesta red cuyos cabecillas serían un ex alto cargo de la Junta, un sindicalista y los responsables de las compañías aseguradoras que suscribían las pólizas. El fraude consistía en meter intrusos u "hombres de paja".
El origen de este caso está en Mercasevilla. Fue la Junta la que llevó al juzgado un presunto caso de extorsión que condujo a destapar irregularidades en el ERE de la empresa de mercados sevillana y que finalmente ha conducido a una revisión de todas las prejubilaciones de la Junta desde 2002.
La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, fue la encargada de pasar de las palabras a los hechos y ofreció una extensa rueda de prensa, al término del Consejo de Gobierno, en la que brindó datos importantes de la investigación que, en paralelo al juzgado, mantiene abierta desde noviembre la Consejería de Empleo. La máxima de la portavoz fue defender que "no hay fondos ilegales" ni ayudas "fuera de control", aunque sí admitió que "puede haber habido un uso indebido de estos fondos" y "alguien que se saltó los controles".
El caso ha tomado dimensión autonómica después de que la pasada semana trascendieran dos informaciones clave del auto judicial. El ex director general de Empleo, Javier Guerrero -alto cargo de la Junta desde 1999 a 2008 bajo la tutela de tres consejeros- declaró a la Policía que manejaba un "fondo de reptiles" de 647 millones de euros para empresas en crisis. A raíz de esta declaración, un informe policial concluyó que la Junta vulneró la Ley de Hacienda Pública y eludió los controles necesarios (como la publicación en BOJA) al adjudicar estas ayudas, que considera "arbitrarias", "nulas de pleno derecho" y "constitutivas de infracción penal".
El Gobierno andaluz anunció que se personará en la causa en calidad de "perjudicada" y que remitirá a la Cámara de Cuentas para su fiscalización todas las ayudas desde 2001. La consejera de la Presidencia defendió que todas estas partidas estaban consignadas en los Presupuestos y puso el acento en la legalidad del procedimiento escogido para repartir las subvenciones.
"Se puede discutir pero no se puede decir que sea irregular ni ilícito", puntualizó Moreno, quien no obstante sí admitió sobre la publicidad que a su juicio "sí deberían haberse publicado en BOJA" -como señaló la Policía- aunque eso es "discutible y opinable". Los pagos no pasaron por Consejo de Gobierno ni contaron con la firma del consejero, sino con la del director general.
Un informe "no vinculante" de 2005 de la Intervención General de Hacienda, dependiente de la Consejería de Economía -que precisamente en esos momentos dirigía José Antonio Griñán- mostró su "disconformidad" con el procedimiento escogido por la Junta para repartir las ayudas. Abrió una "auditoría específica" y supervisó de forma aleatoria 20 expedientes. "Se mantienen las discrepancias pero no saltó ninguna alerta", explicó la consejera de la Presidencia. Por una decisión "técnico-política", que Moreno atribuyó en exclusiva al ex director general, se decide seguir adelante con el mismo sistema de adjudicaciones.
En 2001 el consejero de Empleo, José Antonio Viera, firmó un convenio con el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) para que éste fuera el encargado de pagar las ayudas. El objetivo, dijo Moreno: "aportar agilidad". En cada Presupuesto se realizaba una transferencia de financiación (641 millones de 2001 a 2009). La fórmula se prorrogó, con un cambio en 2004 (cuando pasa a ser IDEA y no el IFA el que suscribe las ayudas), hasta diciembre de 2008.
El PSOE anunció que expulsará a cualquier implicado. Entre los falsos prejubilados destapados figura el exalcalde socialista de El Pedroso y otro militante de la localidad. El ex director general de Trabajo fue regidor del mismo pueblo desde 1995 hasta 1999. Fuentes cercanas al que fue delegado de Trabajo y Asuntos Sociales desde 1994 y posteriormente director de la escuela taller de artesanos de Gelves, defendieron que Rodríguez Cordobés se prejubiló el pasado año "por enfermedad como funcionario de Educación". Fuentes de la investigación apuntan a otro posible falso prejubilado (en Intelhorce) que afectaría al ex director general del Instituto de Consumo y ex gobernador civil de Cádiz en 1994, César Braña, fallecido en 2002.
Entre los falsos prejubilados ya destapados está el expresidente del PSOE de Baeza, Garrido Santoyo, el sindicalista conseguidor de la trama, Juan Lanzas, Carmen Fontela (conocida de uno de los comerciales de las aseguradoras) y María José de la Rosa.
