Antonio Ávila fue ayer el primer consejero del actual Gobierno andaluz que se sentó en la comisión de los ERE. Compareció ayer con una intervención plagada de datos y porcentajes, algunos confusos, pero con la intención clara de defender la legalidad del sistema de ayudas y lamentar que se esté "criminalizando" todo el fondo de Empleo cuando las irregularidades se reducen a un 3,7%. Ávila es consejero de Economía y en el último organigrama de la Junta asumió las competencias de Empleo. El presidente José Antonio Griñán decidió junto a sus socios de Gobierno, IU, eliminar la consejería de Empleo como departamento autónomo. Llevaba dos años, prácticamente la mayor parte del tiempo de la anterior legislatura, asesiada por el presunto fraude de los ERE y dedicada a investigar expedientes de resolución de las ayudas otorgadas en una década.
Ávila, uno de los hombres de más confianza de Griñán, ha asumido ahora esas competencias. Por eso ayer brindó los últimos datos sobre la investigación interna abierta por la Junta. El presunto fraude se extiende a 241 expedientes de ayudas. 196 están confirmados y otros 45 están siendo investigados. Se beneficiaron de subvenciones públicas al afrontar sus prejubilaciones un total de 6.457 andaluces. La cifra de supuesto fraude es del 3,7%, circunscribió Ávila. La cantidad presuntamente defraudada ronda los 17 millones de euros. De momento la Junta no ha recuperado ni un céntimo. Se han abierto siete expedientes de reintegro de un total de 191 resoluciones irregulares. "Es un procedimiento dinámico", se escudó Ávila.
En sus conclusiones ante la comisión del Parlamento andaluz, el titular de Economía defendió que no existe "ni fraude ni corrupción generalizada" y admitió que "todos los procedimientos son mejorables y en Andalucía se han mejorado". Tal y como vienen subrayando los socialistas, este fondo de ayudas no estaba "oculto" sino que se regulaba en los Presupuestos y la Agencia IFA, después IDEA, "solo pagaba". Ahora esta agencia está bajo su responsabilidad. "La Junta ha actuado y seguirá haciéndolo con toda contundencia. Caiga quien caiga", cerró su intervención. "No se puede criminalizar ni descalificar a todos los trabajadores que han recibido ayudas públicas", reclamó.
Hoy comparece ante la comisión la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, quien asumió directamente la responsabilidad sobre los avisos de la Intervención.
