La Consejería de Economía aseguró ayer que hará públicos los resultados de las dos auditorías externas encargadas sobre la gestión de los fondos por parte de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). El consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, informó de que su departamento contrató esa revisión a dos empresas externas a la administración que podrán «poner de manifiesto las posibles irregularidades» que ya fueron detectadas por la Cámara de Cuentas y sostuvo que «actuarán en consecuencia», garantizando que acudirán a los tribunales si hubiera algún delito. La Cámara de Cuentas reveló el pasado mes de febrero que el 89% de las ayudas otorgadas por la exfundación de Empleo en 2009 se dieron sin que hubiera «concurrencia competitiva», como manda la Ley de Subvenciones. Ese porcentaje se rebajó al 36% un año después. El órgano auditor alertó además de falta de control y justificación sobre estos fondos que ahora están en el punto de mira después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)de la Policía Nacional haya abierto una investigación por presuntas irregularidades en las subvenciones dadas desde Andalucía para la formación de desempleados. El Gobierno andaluz volvió ayer a defender que hace ya siete meses que ordenó revisar de oficio todos los expedientes de estas ayudas, ahora en manos de la Consejería de Educación, después de que pasarán a este departamento hace un año desde Empleo. Se revisan un total de 4.000 expedientes, se han formulado 480 requerimientos de información a empresas y entidades responsables de organizar estos cursos (sindicatos, patronal, ONGs, diputaciones, ayuntamientos...) y se han abierto, de momento, 56 expedientes de reintegro. El Gobierno andaluz se negó ayer, de nuevo, a ofrecer el dato de cuánto suman las cantidades presuntamente defraudadas y que han sido reclamadas. El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, defendió que «no se puede hablar de fraude» puesto que los expedientes que se están revisando están «vivos» y abiertos y las empresas que no puedan justificar estos fondos deberán devolverlos. El portavoz del Gobierno andaluz acusó al PP de provocar «confusión, alboroto y ruido» mediante una «estrategia de la confusión» a raíz de una «filtración tendenciosa e interesada utilizando una institución del Estado como el Ministerio del Interior». Desde el Ejecutivo autonómico defendieron que están actuando con transparencia «desde el minuto uno» y repasaron todas las comparecencias sobre este asunto en el Parlamento andaluz. Preguntado sobre por qué la Junta emprendió de oficio esa revisión para «ordenar el pasado», Vázquez aseguró que no se hizo por tener constancia de la investigación policial sino por «las denuncias en los mentideros políticos». Sobre si tuvo algo que ver que el exdirector general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados en los ERE, apuntara a la existencia de un segundo «fondo de reptiles» con estos fondos del Servicio Andaluz de Empleo, Vázquez fue tajante: «En absoluto». Igualmente descartó que revisiones de oficios «del mismo cariz» se estén realizando con otras partidas. IU insistió ayer en dejar abierta la puerta a una comisión de investigación en el Parlamento.
