El hasta ahora alcalde de Jódar (Jaén), José Luis Angulo (IU), el responsable del SAT Andrés Bódalo y las otras seis personas imputadas tras los disturbios que se produjeron durante la huelga general de 2002 a raíz de un piquete han aceptado una pena de dos años de prisión y el pago de una multa superior a los 4.000 euros.
Estaba previsto que el juicio se celebrase el martes, si bien ante la conformidad de las partes no ha sido necesaria la celebración de la vista que, en caso de que hubiera tenido lugar, la magistrada había ordenado que fuera a puerta cerrada, lo que provocó tensión entre el aproximadamente medio centenar de personas que se había desplazado hasta el juzgado para apoyar a los imputados, entre los que se encontraban el portavoz nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, o el diputado de IULV-CA en el Parlamento andaluz por Sevilla y portavoz nacional del CUT-BAI, Juan Manuel Sánchez Gordillo.
Según fuentes de la defensa, han sido condenados por un delito contra los derechos de los trabajadores, por impedir el derecho a no ejercer la huelga, y otro continuado de daños al tiempo que a Bódalo se le ha condenado también por una falta de injurias y amenazas.
Ante la posibilidad de que Bódalo tenga que cumplir la pena de prisión al tener otra condena, fuentes judiciales señalaron que, al tratarse de una pena de dos años de cárcel, se suspende su ejecución a condición de que no delinca y que, como la otra condena es anterior, en principio esta suspensión no estaría afectada. Antes de que se llegara a este acuerdo, Bódalo declaró que el día de los hechos "no pasó nada grave" para que se hubiera formulado una acusación "tan dura" contra ellos.
