El departamento jurídico del Real Betis cerró ayer la documentación del contrato de televisión que firmaron el presidente de la entidad de La Palmera, Miguel Guillén, y los apoderados legales de Sogecable -ahora Prisa TV-.
El acuerdo contempla una relación contractual vigente hasta la temporada 2014-15 y un ingreso anual de 30 millones de euros, cifra en la que se incluyen los 10 kilos por los que litigaron en los juzgados ambas partes. La plataforma y el club de Heliópolis mantenían una vinculación que expiraba al cierre de la 13-14 y que ha sido finalmente anulada por el acuerdo actual.
En términos financieros, la entidad ha cerrado un acuerdo "satisfactorio", tal y como aseguraron a El Correo fuentes del consejo. El montante total, unos 90 millones de euros, permite al actual ejecutivo garantizar el plan de viabilidad, ya que los ingresos por derechos televisivos significarán más del 55% del total.
El acuerdo está englobado dentro de dos cláusulas que han retrasado su firma. La primera contempla que el contrato anterior, que expiraba al cierre de la 2013-14, queda anulado en favor del actual, vigente por tres temporadas. Y la otra variable se propone dentro del área judicial.
Los servicios jurídicos del Real Betis ya habían ganado un juicio anterior a Sogecable en el Juzgado de lo Mercantil 1 de Sevilla por valor de 10 millones, cantidad que los juristas heliopolitanos sostenían que no había sido satisfecha por Prisa TV pese al anticipo del año del descenso a Segunda. Así, y según aclararon ayer a este diario miembros del consejo, el procedimiento judicial, todavía abierto, se ha transaccionado.
Al juez encargado del proceso se le ha instado por ambas partes a homologar el acuerdo y extinguir el procedimiento judicial. Del mismo modo, tanto Prisa como Real Betis renuncian a exigirse nada y aceptan pagar sus propias costas judiciales -costas que la plataforma hubiera pagado con el resultado del primer fallo judicial-.
Y, de la misma forma, ambas partes esquivan así a la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), organismo que el pasado 3 de mayo expedientó a Mediapro y tres entidades -Sevilla FC, Barcelona y Racing- por firmar contratos de más de tres años de vigencia.
El 14 de abril de 2010, la propia Comisión había establecido que los contratos de adquisición de derechos audiovisuales de la Liga y la Copa del Rey -excepto la final- con una duración superior a tres años incumplían las leyes de defensa de la competencia y el Tratado de Funcionamiento de la UE.
Mediapro ya anticipó que recurrirá el expediente ante la Audiencia Nacional, al basarse en las disposiciones vigentes de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que permite contratos de hasta cuatro años. Con la rúbrica del acuerdo, el actual consejo contribuirá de forma eficaz a la estabilidad del plan de viabilidad, que en los tres próximos cursos estará blindado en el apartado más relevante del austero proyecto de futuro.
Los términos en los que ha sido finalmente cerrado el acuerdo permiten a la entidad asegurarse los ingresos más importantes de cada año, tal y como ha sucedido desde que el exconsejero delegado Manuel Ruiz de Lopera acordara con Sogecable un contrato de cinco años (2009-2014), aunque sólo se validó a partir de la anterior campaña, ya que en Segunda División no era efectivo -en la categoría de plata el Betis ganó más de 2 kilos-.
El anterior consejo de administración cerró un ingreso de 27 millones de euros en la 2011-12, 29,5 en la 12-13 y 30,5 en la 13-14. En total, 87 millones de euros, cantidad que se incrementará de forma exigua gracias al acuerdo rubricado ayer en Madrid.
