Diez años después, la peor catástrofe medioambiental que ha padecido la costa marítima gallega recobró actualidad. Ayer comenzó el juicio para dirimir responsabilidades por el caso Prestige, que se extenderá durante más de siete meses con la presencia de tres de los cuatro acusados, puesto que el cuarto imputado, el primer oficial Irineo Maloto, está en paradero desconocido. Y el juicio arrancó con la petición por parte del abogado del capitán del buque, José María Ruiz Soroa, de la suspensión del proceso y el sobreseimiento de la causa en lo que se refiere a la acusación a su cliente, Apostolos Mangouras, por un delito contra el medio ambiente.
En la misma línea, pidió que reconsideren pruebas ya denegadas, en algunas de las cuales "se recoge una valoración crítica sobre la gestión de las autoridades españolas". "Se dice que el buque se hundió por haberse empeñado en alejarlo", afirmó.
Además, puso en duda que España pueda garantizarle un juicio "justo". El abogado del capitán del barco también denunció la vulneración de "derechos fundamentales" y la existencia de "irregularidades flagrantes" en la obtención de documentación por parte de las autoridades marítimas. En su intervención, reclamó la suspensión del juicio basándose en que se pide la responsabilidad subsidiaria de la compañía Universe Maritime, encargada de la gestión técnica y comercial del barco, sin que esté personada en el juicio. Además, reclamó la "nulidad parcial" en relación con el sobreseimiento de la acusación por delito contra el medio ambiente. En la vista oral, se preguntó también si España es capaz de garantizarle a Mangouras "un juicio justo cuando se le llamó pirata a los dos días de la catástrofe", indicó en relación a los términos empleados por representantes del Gobierno.
Por su parte, la abogada del Estado que representa al exdirector general de la Marina Mercante, José Luis López Sors, sostuvo que las decisiones que se adoptaron fueron "fundadas, con asesoramiento y apoyo de equipos profesionales" tanto de la administración como de ajenos a ellos. Asimismo, defendió que la separación del buque de la costa se adoptó para "evitar" una catástrofe y después de tener "la máxima información posible que desaconsejó conducirlo a un lugar de refugio", frente a las tesis del abogado del capitán del buque.
Este desastre pudo provocar daños por casi 4.000 millones -3.862,42 en concreto- solo en nuestro país, una cifra que duplica el montante calculado hasta la fecha, según un informe pericial elaborado por la Universidad de Santiago de Compostela que la Fiscalía pide que se admita.
Inicialmente, había evaluado los daños en 2.233,76 millones, de ellos 1.974,54 correspondientes al Estado, 172,86 millones para administraciones, entidades y particulares de España y otros 86,36 millones para Francia.
Mientras, el abogado del jefe de máquinas planteó ante la Sala su renuncia o una "retribución adecuada" para mantener la defensa de su cliente, Nykolaos Argyropouros. Los acusados se enfrentan a penas que oscilan entre cuatro y doce años de prisión.
Desde la oposición, la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, afirmó que este juicio llega "muy tarde" y remarcó las "responsabilidades políticas" que agrandaron la catástrofe, y recordó los "hilillos de fuel" que el entonces vicepresidente Mariano Rajoy argumentaba para "ocultar" el vertido y el desastre ecológico. IU, por su lado, pidió que se sienten en el banquillo "Rajoy, Cañete y Álvarez-Cascos", los "responsables políticos" de la catástrofe.
