La filosofía no ha variado desde 2007: el Centro debe quedar como una zona de acceso restringido en la que sólo puedan entrar residentes y vehículos autorizados. Éste es el objetivo del pacto de gobierno, del Plan General de Ordenación Urbanística y de la ordenanza de peatones y ciclistas que se aprobó en 2007. Y éste es el proceso que se pretende acometer a partir de septiembre con la implantación de cámaras. No hay nada nuevo, como argumentaba el Gobierno local. Pero las formas y el contexto sí han variado sensiblemente respecto a los planes trazados inicialmente, hasta el punto de que la propia Delegación de Movilidad abre ahora las puertas a una revisión de la normativa en vigor desde 2007 y que apenas ha llegado a estrenarse.
El diseño de la Delegación de Movilidad introduce planteamientos no recogidos por escrito que abren un debate tanto en el seno del Gobierno como entre los distintos agentes. Como subraya el Gobierno local, las sentencias del TSJA ante los recursos planteados por las entidades vecinales han subrayado que las competencias son del Consistorio. Pero ahora mismo no están establecidas tal y como se quieren aplicar. Cambiar la ordenanza abre ahora otro proceso de negociación interna y deja en el aire los plazos anunciados.
En el nuevo diseño, en primer lugar, se normaliza la situación de los aparcamientos rotatorios del Centro hasta el punto de que se anuncian pantallas para indicar su ocupación. Todo lo contrario de lo que recogen todos los documentos marco de trabajo de PSOE e IU e incluso la propia ordenanza, que plantean convertirlos en estacionamientos para residentes para evitar que sean un foco de atracción al Centro y causen atascos.
En segundo lugar, el límite de 45 minutos para circular por el Centro supone un incumplimiento de todos los documentos estratégicos. No es que no haya base para sancionar cuando transcurra ese tiempo como denuncia el PP o los empresarios, sino que legalmente, según una ordenanza aprobada por el Pleno, no puede circular por el Centro “ningún vehículo que no cuente con la correspondiente autorización municipal o que se encuentre excluido de la prohibición general”. Los supuestos están claramente detallados y en ningún caso se señala un margen temporal generalizado. Movilidad alega que se ha creado como una flexibilización de la norma, como un guiño a los más reacios. El problema es que no está regulado.
Y hay más, el Centro queda dividido en cuatro sectores, y los residentes no deben pasar de uno a otro. Esta distribución no aparece por ningún lado en las normativas y planes de ordenación. Aunque en este caso sí hay una cierta base. La ordenanza aprobada por Pleno recoge la siguiente afirmación: “La autorización de circulación será expedida para una zona concreta, siendo inválida para las demás, y en la misma se podrá determinar el itinerario autorizado”.
Pero las mayores disonancias no se producen en las formas, sino en el contexto, en las medidas complementarias. Una frase del programa electoral socialista refleja una línea básica del modelo de Centro de los dos socios de gobierno: “No puede existir un desfase entre las restricciones al tráfico privado y la incorporación del nuevo transporte público”. Una afirmación que se puede complementar con otra del PGOU: “El trazado de la línea 1 no garantiza por sí mismo la integración de la ciudad con el interior del Centro histórico”.
Y faltan elementos previstos, como la red completa de Metrocentro, que no tiene ni diseño; la red de microbuses de Tussam y las restantes líneas del Metro. Todo esto al margen de las carencias de aparcamientos rotatorios. En todos los documentos se mencionan al menos Barqueta y la Glorieta del Cid. No están ni en obras.
Este desfase, dejando al margen responsabilidades, lo asumen los dos socios de gobierno que ven, sin embargo, como imprescindible dar un paso al frente y empezar a actuar. Un mal menor que les debilita ante los sectores más reacios al proyecto, genera un marco de inseguridad e indefinición y abre otro debate interno, aunque de momento sea silencioso.
