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El consejo de administración de Mercasevilla estudia despedir de nuevo a Daniel Ponce

el 12 may 2010 / 15:31 h.

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El consejo de administración de Mercasevilla ha aprobado hoy pedir un informe jurídico sobre el despido del ex directivo Daniel Ponce, imputado en la petición de comisiones, y el PP ha reclamado un documento de la Junta que garantizaría el pago del Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

El concejal Beltrán Pérez, consejero de Mercasevilla por el PP, ha dicho a Efe que el gerente de Mercasevilla, Juan Carlos Recio, ha informado al consejo de que existe la fotocopia de un documento que supuestamente garantizaría que la Junta financiase el ERE de 2007 de Mercasevilla, pero que "no le da ningún valor" al no ser un texto original.

Pérez ha pedido que se aporte dicho documento, pues, de ser cierto, "podría dar un giro de 180 grados a la situación económica de Mercasevilla" y "despejaría el pasivo de mas de 9 millones de euros que pesa sobre la compañía en concepto de pago de las pólizas del ERE y el futuro de mas de 40 familias" que ignoran qué administración pública pagará sus prejubilaciones.

Fuentes municipales han indicado a Efe que dicho documento, firmado por un alto cargo de la Consejería de Empleo, podría ser una autorización de pago por parte de la Junta de uno de los plazos del ERE, de forma similar a cuando la administración andaluza pagó la regulación de empleo de 2003 de la empresa mayorista sevillana.

Según Pérez, ha pedido que se aporte dicha fotocopia para, bajo su responsabilidad, iniciar las gestiones de confirmación de la autenticidad del documento.

Por otra parte, el consejo de administración ha acordado pedir a sus servicios jurídicos un informe sobre la posibilidad de despedir de nuevo a Daniel Ponce, ex director adjunto cuyo contrato fue rescindido en 2009, al ser imputado en la petición de comisiones, pero tuvo que ser readmitido por sentencia firme.

El abogado de Ponce ha anunciado que denunciará por prevaricación a todos los concejales sevillanos que aprobaron su despido, entre ellos el alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín y el propio Beltrán Pérez, pues "son plenamente conocedores de la inexistencia de causa legal para despedirlo".

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