Jannone, TRH, CIL Torrecuéllar (Inabensa de Abengoa), Sevitrade, Reciclajes Navales e Hispalense de Líquidos serán las seis primeras empresas de la Zona Franca de Sevilla. Ya están instaladas en los terrenos del Puerto que se convertirán en el quinto recinto industrial en España con condiciones fiscales especiales y todas han aceptado la invitación por sus «beneficios fiscales», avalando así el proyecto que promueve el Ayuntamiento.
El alcalde, Juan Ignacio Zoido, se reunió ayer en la terminal que tendrá la Zona Franca, el antiguo muelle de gradas de Astilleros, con representantes de estas empresas con más de 800 trabajadores entre las seis que confirmaron que la creación de este recinto les beneficia. En la foto sólo faltó la representación de la Autoridad Portuaria, dueña del suelo.
Antonio López, director de TRH, explicó que una vez que la mercancía que se compra llega a la Zona Franca entra «en un limbo, en un régimen en el que se suspenden los impuestos», tanto el 21 por ciento de IVA como los aranceles, hasta que se produce la venta de estos productos. Lo que supone un ahorro en costes financieros y un aumento de la tesorería, puesto que las compañías no tienen que adelantar el dinero.
«Si haces una transformación del producto la Zona Franca es muy beneficiosa, así como si la mercancía viene de terceros países, de fuera de Europa porque se congela el IVA de importación hasta la venta del producto», indicó López tras aplaudir que, con iniciativas como ésta, se fortalece el sector industrial de Sevilla, con mayor capacidad para generar empleo y para resistir mejor las crisis que otros sectores como el de los servicios. TRH es un grupo siderúrgico que compra bobinas de alambre, sobre todo, en Turquía, para fabricar mallazos de obra. Desde su planta de Bélgica abastece el mercado centroeuropeo y desde Sevilla, el sur.
Augusto Jannone, presidente del Grupo Jannone, aseguró que en Sevilla cuentan con mercancía por un valor de 4 millones de euros, cuyo 21 por ciento de IVA no se tendría que pagar por adelantado si la Zona Franca estuviera en marcha. Jannone resaltó que la agrupación de interés económico que forman las empresas de Torrecuéllar desde hace nueve años han visto con buenos ojos la puesta en marcha de la Zona Franca, así como indicó que el retraso del dragado del río les resta «competitividad».
En definitiva, el proyecto de la Zona Franca, destinado al almacenaje, transformación y distribución de mercancías, implica la creación de un espacio de almacenamiento de productos comunitarios y no comunitarios exentos de impuestos aduaneros e indirectos, con el aplazamiento de los pagos hasta la venta o salida del género. Además, la Zona Franca hispalense cuenta con una terminal propia que gestionan en concesión TRH y Sevitrade, y con conexión ferroviaria. El alcalde, por su parte, anunció ayer que el consorcio gestor de la Zona Franca hispalense formada por el Ayuntamiento, la Autoridad Portuaria, el Estado y la Cámara de Comercio, será constituido «en cuestión de días o poco más de una semana», tras lo cual será «inmediatamente» aprobado y licitado el proyecto de construcción del vallado perimetral del recinto.
En su visita a los 719.876 metros cuadrados de dominio público del área de Torrecuéllar que formarán la Zona Franca, Zoido dijo que el proyecto está ya en «el final de toda su tramitación» e incluso avanzó sin dar nombres que una «multinacional» ha pedido ya «40.000 metros cuadrados» para instalarse.
Algo que no puede producirse hasta que no se licite y adjudiquen las obras del vallado, que requerirá unos ocho meses de trabajos, según informó Urbanismo. Además, los 1,4 millones de euros que el Ayuntamiento tenía previstos para estos trabajos los desvió a otros gastos ante el retraso en la tramitación por parte del Gobierno central. Sin embargo, ayer Zoido insistió en que las obras saldrán a concurso «inmediatamente después de que se constituya el consorcio».
Y es que el proyecto estrella del Gobierno municipal del PP ha sufrido muchos contratiempos. Ya en enero de 2011, en campaña electoral, Zoido pidió su creación. En agosto de 2013, el ministro Montoro lo autorizó y un año después, el BOE publicó los estatutos del Consorcio que, por «error», dejaron fuera al Puerto.
Dragado. En paralelo, el alcalde insistió que el «potencial» económico de la futura Zona Franca será «mucho mayor» si prospera el dragado de profundización del Guadalquivir que promueve el Puerto y que aún no cuenta con el visto bueno de las administraciones ni de muchos colectivos afectados.
Para el regidor, se debe acometer «de una sola tacada» el dragado, el mantenimiento, reparación y ampliación de las márgenes del río, la ordenación de la desembocadura desde el punto de vista medioambiental, así como la modernización de los regadíos del Bajo Guadalquivir. Incluso calificó de «buena medida» la propuesta del Puerto de dragar sólo 0,85 centímetros de profundidad, en vez de dos metros, en ciertos puntos del tramo navegable. En su opinión, así se podría demostrar que «no pasa absolutamente nada y que se podría dragar un poco más». «No podemos esperar un año más», sentenció Zoido.
Hoy mismo la presidenta del Puerto, Carmen Castreño, se reúne con representantes de COAG, alcaldes de municipios afectados y comunidades de regantes para intentar lograr su apoyo al proyecto.
