El volumen de agua consumida y el nivel de renta familiar determinarán el futuro canon del agua. La Junta concretará el impuesto en la futura ley que regulará este recurso tras acordar el viernes con los agentes sociales -salvo abstención de Ecologistas en Acción- el Acuerdo Andaluz por el Agua.
El documento final pactado entre la Consejería de Medio Ambiente con los sectores implicados -regantes, sindicatos, empresarios, agricultores, ganaderos y asociaciones de consumidores- recoge un Canon de infraestructura urbana del agua que sólo afectará al "ámbito urbano" y cuya recaudación irá destinada a "a la recuperación de inversiones en [infraestructura de] abastecimiento, saneamiento y depuración". Excluidos de esta tasa quedan los usos industriales y agrícolas -que sí habían estado incluidos en este aspectos en un primer borrador- del recurso hídrico.
La Agencia Andaluza del Agua determinará el canon en función del consumo y el nivel de renta, de modo que el impuesto será menor para quien más ahorra y para las familias con los ingresos más bajos. Según los datos de la Agencia, las necesidades de inversión para obras son de 2.000 millones de euros en infraestructuras que deben estar licitadas en dos o tres años para que puedan estar en funcionamiento en 2015, año tope que marca la Directiva Marco. El Acuerdo Andaluz del Agua se remitirá al Consejo de Gobierno, quien tendrá que aprobarlo definitivamente antes de final de año.
Aunque el canon sólo afectará al consumo doméstico, se creará otro mecanismo de recaudación a través de penalizaciones que afectarán a todos los sectores. La Agencia Andaluza del Agua fijará unos topes máximos de consumo en todos los usos y establecerá un precio muy elevado la cantidad que se gaste por encima de esta cota.
Una vez acordado el Acuerdo Andaluz por el Agua, según informó la consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, la Junta comenzará a debatir con los agentes sociales el borrador de la futura Ley del Agua de Andalucía, que será el instrumento con que el Gobierno autonómico se dotará para gestionar todas sus aguas, cosa que ocurrirá por primera vez en la historia de la comunidad el próximo 1 de enero de 2009 con el traspaso de la cuenca del Guadalquivir. Según las previsiones que maneja la consejería, la Ley será enviada al Parlamento de Andalucía para su debate en el primer trimestre del próximo año.
Unidad de cuenca. Los miembros del Consejo Andaluz del Agua también dieron su visto bueno al proyecto de los nuevos Estatutos de la Agencia Andaluza del Agua, que entrarán en vigor en enero, cuando este organismo recibirá los mil empleados procedentes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Estos nuevos estatutos estructuran la Agencia, que será quien ostente las competencias sobre el agua en la comunidad, en cuatro direcciones generales: Servicios y Régimen Económico; Planificación y Participación; Infraestructuras y Explotación y, por último, Dominio Público Hidráulico y Calidad de las Aguas. Esta estructura permitirá una gestión unitaria de todas las aguas de Andalucía y garantizará, según la Junta, la unidad de cuenca del Guadalquivir, principal reivindicación de los regantes.
