Un informe del Defensor del Pueblo Andaluz insta a la Junta y al Ayuntamiento de Córdoba a negociar posibles soluciones, como el pago de indemnizaciones, con los dueños de las más de 240 viviendas declaradas ilegales al ampliarse la protección de Medina Azahara.
Los parcelistas de las tres urbanizaciones levantadas en el entorno del yacimiento arqueológico cordobés confían en que, a raíz de este informe, las adminitraciones local y autonómica muestren su disposición a negociar con ellos una salida.
El informe, difundido por Radio Córdoba, fue elaborado por el Defensor del Pueblo a partir de una queja que le presentaron los afectados en 2006.
El análisis considera "incuestionable" la protección como Bien de Interés Cultural del espacio ocupado por las viviendas, pero sí cuestiona la actitud del Ayuntamiento de Córdoba por su "flagrante pasividad" ante su construcción, lo que "ha favorecido la consolidación de este núcleo poblacional, contrario al planeamiento establecido".
El Defensor señala como primer objetivo a cumplir la protección de conjunto arqueológico, a la vez que insta a las administraciones a que cuenten con los parcelistas afectados, ante las posibles consecuencias que tenga la necesaria protección de Medina Azahara, tales como el posible abono de indemnizaciones, ante la opción de eliminar las construcciones ilegales, pues reconoce que las viviendas ilegales son "incompatibles con la protección" de los restos del conjunto palaciego de época califal.
Documento de trabajo. El presidente de la Asociación de Vecinos Las Pitas, Juan Carlos Montero, afirmó no querer usar el informe del Defensor del Pueblo "como arma arrojadiza" contra las administraciones local y autonómica, "sino como un documento de trabajo, que sirva de base para buscar soluciones".
Afirmó que los parcelistas "siempre" han pretendido una negociación y han mantenido "el mismo discurso" desde que, en el año 2001, solicitaron "por escrito, tanto a la administración local como autonómica, reunirse para intentar posibles soluciones a un problema no existente pero que tenía todas las visas de producirse", por la ampliación de la zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC), y por tanto sujeta a protección especial, que rodea a Medina Azahara.
El portavoz de los parcelistas insistió en que "tarde o temprano" tendrán que sentarse los dueños de las viviendas ilegales y las administraciones públicas para "hablar del problema" y buscar una salida a sus viviendas.
