El Gobierno ha decidido intervenir para poner fin a una situación que se ha venido repitiendo y que ha escandalizado a la opinión pública española, sobre todo, por el contexto generalizado de crisis y austeridad impuesta. Y es que era difícil explicar cómo los gestores que llevaron a sus entidades financieras a ser intervenidas por el Estado o que no tuvieron más remedio que pedir ayudas públicas para evitar la quiebra recibían salarios e indemnizaciones millonarias.
El Ejecutivo ha limitado a 600.000 euros, como máximo, el sueldo de los directivos de las entidades que han recibido ayudas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y ha situado en el límite de 300.000 euros la retribución para aquellos cuyas entidades han sido intervenidas, anunció ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos.
Un ejemplo. Bankia recibió casi 4.500 millones en ayudas del FROB y su presidente, Rodrigo Rato, percibió el año pasado 2,3 millones de euros. Con la nueva medida del Gobierno, incluida en el Real Decreto Ley de reforma financiera que aprobó ayer el Consejo de Ministros, no podrá ingresar más de 600.000 euros.
El Gobierno establece dos baremos, uno para las entidades que han recibido apoyo público a través de créditos del FROB, que han sido Bankia, Banca Cívica, Caja Duero-España, y Banco Mare Nostrum (BMN) con el fin de llevar a cabo su integración, y otro para las que han sido nacionalizadas por problemas de solvencia, que son Novacaixagalicia, Catalunyacaixa, Unnim y Banco de Valencia.
En el caso de las entidades con créditos públicos, queda suspendida la retribución variable y en un plazo de tres años se valorará si se han cumplido determinados objetivos de negocio de cara a restituirla, en su caso. Los derechos de pensión deberán incluirse en el tope establecido.
Así, la alta dirección registrará un descenso de la retribución de entre el 67% (para los presidentes y alta dirección) y el 65% (para los consejeros no ejecutivos) con respecto a la prevista para el presente ejercicio, mientras que éstos últimos podrán recibir una remuneración máxima de 100.000 euros anuales.
En el caso de las entidades intervenidas, el personal de alta dirección registrará una reducción sobre la retribución media del 76% en el caso de los presidentes, y del 66% en el de los consejeros, que no podrán percibir más de 50.000 euros al año. El Gobierno les elimina tanto la retribución variable como los beneficios de pensiones en este ejercicio.
Estas medidas se enmarcan en la reforma financiera que, entre otras iniciativas, exige una provisión adicional a la banca por 50.000 millones para sanear sus balances ante el deterioro de sus activos inmobiliarios.
De Guindos sostuvo que en esta decisión, que se ha adoptado "sin demagogia pero con responsabilidad", se ha tenido en cuenta el informe del Banco de España y la situación económica tanto a escala internacional como en España, e incidió en que el techo establecido es "razonable".
El Gobierno está convencido de que "su misión no es fijar los sueldos del sector privado", pero considera adecuado que las entidades con respaldo público garanticen el cumplimiento de los objetivos para los que se concedió y sirvan de ejemplo a la sociedad en un momento de dificultad, argumentó.
El decreto recoge también la simplificación de los órganos de gobierno de las cajas que hayan cedido su actividad de crédito a un banco, de manera que solo podrán contar con consejeros en asambleas generales y en los consejos de administración y además se obligará a las cajas que ya no ejercen como entidades de crédito a destinar el 90% de sus ingresos a la Obra Social. El ministro también avanzó que se rebaja del 50% actual al 25% el umbral de capital a partir del cual las cajas deberán convertirse en fundaciones.
Oxígeno a las CCAA. El Gobierno acordó ayer dotar con 10.000 millones -ampliables a 15.000- la línea del ICO que permitirá a las comunidades autónomas afrontar los pagos pendientes con proveedores y financiar vencimientos de deuda.
El acceso a esta financiación estará condicionado al cumplimiento de las exigencias en disciplina presupuestaria y obligará a las comunidades a remitir al Ejecutivo las operaciones previstas de endeudamiento. El objetivo, reducir la morosidad y hacer frente a los aplazamientos en el pago de deudas a pymes.
