El Gobierno va a promover todas las reformas legales que sea posible para sacar a ANV de los ayuntamientos, después de que esta formación política ilegalizada no haya condenado el asesinato de Ignacio Uría a manos de ETA del pasado miércoles.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, hizo el viernes este anuncio en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de ministros, en la que transmitió la solidaridad del Gobierno con los familiares y amigos del empresario asesinado. La vicepresidenta garantizó que los asesinos de Uría acabarán en la cárcel y advirtió a "quienes, parapetados tras sus actas de cargos electos, les amparan con su ominoso silencio", de que el Gobierno no está dispuesto a seguir su juego.
Por ello, avanzó que el Gobierno va a actuar en todos los frentes, explorando todas las posibilidades que brinda la ley, para lo que informó de que ya se han dado instrucciones al servicio jurídico del Estado. De la Vega también precisó que se está analizando la Ley de Régimen Local y explicó que se trata de un objetivo difícil porque el artículo 61 de esa norma, a la hora de hablar de la disolución de los ayuntamientos, establece unos criterios que, interpretados con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, hacen muy complicado proceder a esa disolución en estos casos.
En concreto, recordó que la ley determina que tiene que haber unas actuaciones reiteradas y graves que tienen que estar acreditadas. Como de acuerdo a la jurisprudencia del Constitucional la ilegalización de un partido no conlleva la disolución de los ayuntamientos en los que gobierna o la no actuación de sus concejales, se trata, según la vicepresidenta, de buscar vías que impidan que los representantes de esas formaciones puedan gobernar las corporaciones. De la Vega matizó que esa tarea se hará "como siempre, con el máximo consenso de las fuerzas políticas parlamentarias".
Partido Popular. Por su parte, la portavoz del grupo parlamentario popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, se mostró convencida de que la modificación de la Ley de Bases del Régimen Local de 2003 permite dar cobertura a la disolución de los 42 ayuntamientos gobernados por ANV.
Para conseguirlo, según Sáenz de Santamaría, sólo haría falta la colaboración del Ejecutivo, con el que ha recordado que el PP mantiene un acuerdo en materia antiterrorista. "Espero que todos juntos podamos sacar adelante, con una buena tarea política y jurídica, algo que la gente en la calle le cuesta mucho entender, y es que concejales de un partido ilegalizado por terrorista como ANV sigan al frente de los ayuntamientos", apuntó.
Para conseguir este propósito, el grupo popular presentó el jueves una proposición no de ley que también pide al Gobierno que adopte las medidas oportunas para evitar que las alcaldías de ANV en el País Vasco y Navarra gestionen el dinero que les correspondería de los 8.000 millones del plan municipal anticrisis aprobado por el Ejecutivo.
