La nueva Política Agraria Común (PAC) que se debate en Bruselas es fundamental para el futuro del cultivo andaluz por excelencia, el olivo. Asaja-Sevilla advirtió la pasada semana de que si la nueva normativa no establece criterios de diferenciación en función del potencial productivo de las distintas comarcas agrarias, los olivareros andaluces perderán entre el 75% y el 80% de las ayudas que ahora reciben, lo que supone unos 625 millones.
Así, el presidente de la patronal agraria, Ricardo Serra, apuntó la necesidad urgente de elevar a Bruselas una propuesta nacional en la que se recojan claramente los criterios de diferenciación en función del potencial productivo. Éstos deben incluirse en las propuestas legislativas que presentará la Comisión Europea a finales de mayo o principios de junio para su debate en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea y en el Parlamento comunitario.
Por ello, Serra instó a la consejera de Agricultura de la Junta, Clara Aguilera, y a la ministra del ramo, Rosa Aguilar, a "no dormirse en los laureles" y a elaborar y presentar con la mayor urgencia este documento que establezca el pago diferenciado para los distintos tipos de agricultura.
Éstas fueron algunas de las conclusiones que pudieron escuchar los más de 600 olivareros que participaron la semana pasada en la XIX Jornada de Olivar organizada por Asaja-Sevilla en la cooperativa Nuestra Señora de las Virtudes de la Puebla de Cazalla con la colaboración de la Fundación Caja Rural del Sur.
El técnico de Asaja-Sevilla, Antonio Caro, explicó durante el seminario que la Comunicación de la Comisión Europea para la Reforma de la PAC "pone fin a los derechos históricos y ofrece tres posibles alternativas para la futura reforma". Si bien por el momento nada está decidido, parece que la Comisión muestra preferencias por la segunda alternativa, "que establece una ayuda por tramos o capas con un pago básico a la renta para todos los agricultores de un Estado miembro o región y dos peldaños de ayuda adicionales, uno que se otorgaría por compromisos medioambientales y otro por la ubicación de la explotación en una comarca desfavorecida".
Si esta alternativa sale adelante, "será fundamental que el pago básico que se establezca fije criterios de diferenciación en función de la capacidad productiva de cada comarca".
"Si al final se opta por el café para todos", Asaja-Sevilla apuntó que los olivareros andaluces perderían entre el 75% y el 80% de las ayudas de su pago único y pasarían de percibir una ayuda media de 630 euros por hectárea a una ayuda de "tan sólo 150 euros por hectárea", lo que supondría para Andalucía "dejar de percibir 625 millones de euros de los más de 800 que ahora vienen destinados al olivar".
Pérdidas a nivel nacional. En el marco de las jornadas, el ingeniero agrónomo de la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), José María Penco, expuso un informe que recoge que casi el 75% de toda la superficie olivarera española está en pérdidas.
En los dos últimos años los costes del cultivo han sido superiores a los ingresos obtenidos de la producción de aceite, "una situación insostenible de no ser por las ayudas del pago único, que en los últimos años han compensado la pérdida de renta sufrida por este sector".
En lo que se refiere a la campaña 2009/2010, el director de la Agencia para el Aceite de Oliva del MARM, Carlos Sánchez Laín, aseguró que ha supuesto todo un récord tanto en volumen gestionado como en lo que se refiere al comercializado.
No obstante, recalcó, ha estado marcada por los bajos precios, "los más baratos de las siete últimas campañas", aunque como nota positiva destacó que la diferencia de precios entre el aceite de oliva virgen extra y el resto de las categorías se fue ensanchando a lo largo de la campaña, una cuestión que pone de manifiesto que por primera vez se ha empezado a pagar la calidad.
