Después de arduas negociaciones, Junta, ayuntamientos, agentes sociales y entidades financieras sellaron ayer el Pacto por la Vivienda. El acuerdo movilizará 17.000 millones hasta 2012 y hará posible la construcción de 300.000 VPO para cubrir las necesidades de los andaluces que no pueden acceder a un piso.
En un escenario solemne, el antiguo convento de Nuestra Señora de los Reyes, y con una fuerte presencia institucional y empresarial, Manuel Chaves firmó ayer con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), los agentes de la Concertación (patronal y sindicatos) y las entidades financieras, el Pacto por la Vivienda, embrión de la futura ley que verá la luz en 2008 y un acuerdo cuya negociación ha contado con "dificultades hasta el último momento" en palabras del propio Chaves.
El documento consensuado, que permitirá construir 700.000 viviendas, 300.000 de ellas de VPO, en la próxima década, es el primer paso importante para hacer posible que el acceso a la vivienda sea un derecho -recogido en la Constitución y en el Estatuto- que se podrá reclamar en los tribunales.
El acuerdo movilizará 17.000 millones de euros hasta 2012, adelantó el jefe del Ejecutivo. De este montante, unas 30 entidades financieras que operan en la comunidad aportarán 9.550 millones en créditos para la construcción de viviendas protegidas, con una reserva de hasta 18.256 millones que se usará si es necesario. Por su parte, la Junta contribuirá con 1.900 millones para ayudas e inversiones en vivienda. Los equipamientos e infraestructuras para dotar a los pisos de los servicios básicos se pagarán con una inversión de 5.600 millones, de los que los ayuntamientos financiarán una cuarta parte y el Gobierno andaluz el resto. El consejero de Economía, José Antonio Griñán, aclaró que esas partidas ya aparecen en el Presupuesto para 2008.
Chaves avanzó un decálogo de medidas inmediatas para poner en marcha el pacto. Antes de que acabe el mes, la Junta presentará a los agentes el documento del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, que definirá cuántas viviendas de cada tipo se construirán en los próximos cinco años. También antes de que finalice diciembre estarán terminadas las normas para agilizar los planes urbanísticos de los municipios -una de las reivindicaciones de la FAMP- con el fin de liberar suelo para VPO de forma rápida.
Desde ayer mismo, el Gobierno ofrece a los ayuntamientos abordar de forma conjunta las reservas de suelo para pisos protegidos. Además, en los próximos tres meses, la Junta sacará a concurso suelos del patrimonio público para edificar 7.000 VPO.
El pacto garantizará una vivienda a precio asequible a los andaluces con rentas inferiores a 3.100 euros, de forma que sólo tendrán que dedicar un tercio de su sueldo en caso de venta y un cuarto para alquiler. La negociación con la patronal ha sido la más complicada. Finalmente, el texto ha incorporado una resolución íntegra de la FAMP, que excluye los suelos industriales de los límites del 40% del crecimiento territorial establecidos en el Plan de Ordenación del Territorio (POTA), y permite a los municipios pequeños crecer por encima del 30% de la población.
El documento no recoge la demanda de la patronal de que el suelo comercial tampoco compute en los límites del POTA, pero sí incluye una mención a la vivienda a precio tasado, tipología intermedia entre la VPO y la de renta libre que la CEA ha pedido hasta el final. El texto establece que en coordinación con lo que se fije a nivel nacional, se pondrá en marcha esta nueva figura, sin que ello afecte a los suelos destinados a pisos protegidos. "Todos han sido generosos, porque todos han tenido que ceder en algo" apostilló Chaves.
