El Parlamento andaluz abrirá sus puertas una semana antes de lo que marca el calendario oficial para que el consejero de Educación, Luciano Alonso, ofrezca datos de la auditoría interna que está llevando a cabo el Gobierno sobre las subvenciones otorgadas para cursos de formación. O a eso se comprometieron. Es la respuesta pactada por PSOE e IU ante la presión creciente que atosiga al Ejecutivo después de que este verano estallara el escándalo por el presunto fraude de los cursos de formación que se abrió en los juzgados en abril. A cambio, IU vetaba dos peticiones del PP de plenos extraordinarios para que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, acudiera a dar explicaciones sobre este caso y el envío del sumario de los ERE al Tribunal Supremo, con la petición de depurar posibles responsabilidades de los expresidentes ManuelChaves y José Antonio Griñán.
La detención de un exconsejero de Hacienda, Antonio Ojeda, en una pieza separada de la investigación por los cursos de formación, la presunción de que pudo acaparar hasta 50 millones de euros y el descubrimiento de una cuenta bancaria en Luxemburgo han acabado por disparar las alarmas de un escándalo que el PP ya tiene claro que dejará en pecata minuta al de los ERE cifrado por la jueza instructora en 855 millones de euros. La oposición ha redoblado la presión y la Junta no para de poner en marcha mecanismos para tratar de parar esta bola de nieve. Este ambiente enrarece las relaciones de los socios de Gobierno. IU, ayer insistió en ello el portavoz José AntonioCastro, está preocupada porque le salpiquen estos escándalos y trata de marcar «un antes y un después» desde su entrada en el Gobierno, hablando de un pasado «oscuro, opaco y de prácticas repudiables». «El problema no lo tiene este Gobierno sino el PSOE», insistió Castro, que dejó la puerta abierta a una comisión de investigación sobre este asunto pese a la experiencia fallida con los ERE y también dejó claro que «no les temblará el pulso» si tienen que pedir que Chaves y Griñán acudan a dar explicaciones al Parlamento. El PP sabe hurgar en esta herida con acusaciones a IU de ser «muleta útil del PSOE para tapar la corrupción» o asegurando que «hoy hay más corrupción en Andalucía que hace un año», cuando Díaz llegó al poder.
La Diputación Permanente del Parlamento anticipó ayer el tono bronco que amenaza que adueñarse de un curso político electoral hay municipales en primavera con la corrupción como argumento principal. PSOE e IU habían pactado el día anterior una iniciativa conjunta que llevará al consejero Luciano Alonso a comparecer en la Cámara una semana antes de que comience el curso parlamentario. El titular de Educación, que tiene bajo su tutela los fondos de formación que antes estaban en Empleo, ha ido ofreciendo tímidamente algunos datos de la auditoría interna que revisará todos los expedientes de las ayudas otorgadas entre 2007 y 2011. Un total de 8.505 expedientes. Hace meses aseguró en la Cámara que ya se habían revisado 1.728 y se había solicitado el reintegro de 56 ayudas no justificadas debidamente. Desde entonces, el Gobierno andaluz se niega a dar más datos e incluso ha pospuesto la entrega de información a 2015, cuando tiene previsto terminar esta revisión. En ese año muchas de las ayudas no podrán ser reclamadas y si hay delitos habrán prescrito. No se sabe si la semana que viene en el Parlamento Alonso romperá esa tónica de silencio. El último gesto de la Junta ha sido publicar una lista de 1.195 empresas según la Consejería de Economía que en 2012 fueron exoneradas de presentar justificantes para optar a nuevas ayudas.
El cruce de acusaciones y golpes bajos fue en aumento durante la hora larga de debate parlamentario. 2015 es año electoral y sobre Andalucía planea un adelanto de las autonómicas ayer la presidenta Susana Díaz volvió a valorarlo como una posibilidad si el pacto de PSOE e IU no resistiera los empellones que se esperan por estos casos de corrupción o la negociación del Presupuesto. El PP dejó claro que dedicará su munición directamente contra la presidenta Susana Díaz, de quien dijeron que tiene «una relación nítida con los ERE». Ayer se escenificó con claridad los cambios introducidos por el presidente de los populares andaluces, Juan Manuel Moreno Bonilla, en el grupo parlamentario, con la vuelta a primera fila de Antonio Sanz, mano derecha de Javier Arenas. El portavoz socialista, Mario Jiménez, lamentó el regreso de «la cuadrilla de Arenas» y «la vuelta al juego sucio, las viejas formas, los malos modos, las mentiras y la confusión entre lo político y lo jurídico». «El asunto no es que vuelva Arenas sino que tienen manchada hasta las trancas Andalucía de corrupción», respondió el PP. Y ese puede ser el guión de besugos de un intenso año.
