El equipo de Gobierno local de Morón de la Frontera escenificó su apoyo incondicional a su alcalde, Manuel Morilla (PP), después de que la Fiscalía pidiera un año y medio de cárcel y nueve años de inhabilitación al regidor y a su antecesor, José Párraga (PSOE) por un caso de prevaricación urbanística.
El concejal de Organización, Alfonso Angulo, señaló ayer que "se trata de un paso más dentro del proceso judicial, y no de una sentencia como algunos ya empiezan a afirmar", en referencia a la petición del fiscal, que solicita la pena de cárcel a estos dos políticos por supuestamente permitir desde el año 2001 la instalación de varias industrias en un antiguo secadero de algodón.
Angulo destacó igualmente que el Gobierno local "confía en la justicia y esta convencido de que muy pronto todo esto se aclarará y no habrá nada que impida a Manuel Morilla seguir gobernando y trabajando por los moronenses". En esta línea, el edil moronense manifestó su deseo de que "no se haga un uso político del escrito de la Fiscalía, porque Morilla lo único que ha hecho es dar una licencia de apertura a un negocio que proporcionó trabajo a siete familias de Morón".
La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo imputó el pasado lunes a ambos políticos un delito continuado contra la ordenación del territorio por permitir la instalación de un aparcamiento para 150 camiones, una empresa de tapicería de muebles y un centro de lavado y engrase de vehículo en un antiguo secadero de algodón cuyos terreno estaba calificados como "uso agropecuario". Es más, el fiscal aclaró que desde 2001 hasta la actualidad, el actual regidor, así como su antecesor, permitieron "la consolidacion de hecho de un polígono totalmente ajeno a la legalidad".
En este sentido, atestiguó que entre 2001 y 2005 se registraron al menos ocho plenos municipales en los que se denunció la ilegalidad de la licencias otorgadas, así como "las molestias que estaban sufriendo los vecinos".
Segunda petición. La acusación particular, que ejercen los vecinos, ya solicitó con anterioridad cuatro años de cárcel para los dirigentes por este mismo delito de prevaricación urbanística. Además, pidieron siete años de inhabilitación para cualquier cargo o empleo público para ambos.
El juzgado de instrucción 1 de Morón de la Frontera procesó a ambos alcaldes porque existen indicios de que "en sus respectivos mandatos y en el ejercicio de sus cargos, habrían estado autorizando actividades contrarias a la normativa urbanística, mediante la concesión de licencias", según consta en el auto judicial.
