Como cada lunes, nueva denuncia del PP sobre el caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) pagados con dinero público. El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, mostró ayer una carta que envió en 2007 el entonces alcalde socialista de Baena (Córdoba), Luis Moreno, al exdirector de Trabajo Javier Guerrero, imputado en la trama, advirtiéndole de que si no daba una ayuda cuantiosa a una empresa local "podríamos encontrarnos en una situación descontrolada y mediáticamente perjudicial y peligrosa para la Junta y sus responsables en este asunto". Para los populares, esta carta -que repartieron a la prensa- demuestra que el fondo de reptiles estaba "conectado con los intereses electorales del PSOE" y que este partido lo usaba para asegurarse votos en determinados pueblos.
Sanz explicó que, más tarde, el 9 de octubre de 2007, se firmó un convenio de colaboración entre la Dirección General de Trabajo y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) por el que se acordó conceder a la Sociedad Cooperativa Andaluza SCAFA una ayuda excepcional de 250.000 euros para la regularización de los salarios de los trabajadores y un préstamo de un millón de euros. El PP denunció que "no le consta" que este préstamo haya sido devuelto y criticó que la subvención se otorgara sin "solicitud, ni documentación ni control". Sanz insistió en que IDEA era "la banca privada del PSOE" y que el denominado fondo de reptiles funcionaba como "el salvavidas electoral del Partido Socialista".
El jueves, el PP pedirá "por décima vez" que el Parlamento andaluz acepte una comisión de investigación para aclarar la supuesta trama, "que es un escándalo nacional y que mantiene bajo sospecha a casi una decena de consejeros y exconsejeros del Gobierno andaluz", apostilló el número dos del PP-A.
