Si un alumno se estudia el proceso de fotosíntesis y en el examen le preguntan la Revolución Francesa, su respuesta puede ser tan aleatoria como la que ayer ofrecieron Arenas y Griñán en el Parlamento, el primero para explicar por qué votaron en contra del pacto educativo que ellos mismos contribuyeron a diseñar hace dos meses. Y el segundo para decir que no necesitaba a los populares dentro de la alianza educativa, que él mismo pidió al ser investido presidente de la Junta. "Ya tenemos el consenso mayoritario con otro grupo, y no vamos a romperlo para hacerlo con ustedes", dijo.
La Cámara aprobó ayer el dictamen del grupo de trabajo por la convergencia educativa con los votos de PSOE e IU y el rechazo del PP. El documento contiene 128 medidas contra el fracaso escolar que fueron consensuadas por los tres partidos después de tres meses de trabajo, en el que participaron profesores, asociaciones de padres, catedráticos de universidad y entidades educativas. Todos aportaron su visión sobre las medidas que urgía aprobar.
El dictamen aprobado no es vinculante, pero obliga a la Consejería de Educación a dar prioridad a esas 128 medidas, la mayoría recogidas en la Ley de Educación Andaluza (LEA). La consejera Mar Moreno paralizó su agenda para no aprobar ninguna norma hasta conocer cuáles eran las prioridades que demandaba la comunidad escolar representada en el grupo de trabajo. Entre las medidas está el desdoble de aulas en la ESO, el reparto equitativo de alumnos con dificultades, los incentivos al docente, la reforma de la formación inicial del profesorado, la revisión del Plan de Calidad o que no se use al profesor de refuerzo para cubrir bajas...
De todo esto no se habló ayer. Se esperaba que el Parlamento reabriese sesión con un gran debate educativo, el primero en el que los tres grandes partidos estaban de acuerdo con el documento que se debatía, pero no ocurrió así. Ni rastro de la Revolución Francesa.
El PP cambió de rumbo in extremis. Cuando las 128 medidas se aprobaron en comisión, en diciembre, los populares se abstuvieron para demostrar "voluntad de diálogo". La Junta lo entendió como algo "constructivo", porque arrimaba al PP al consenso, después de haber sido el único partido que dijo no a la LEA. El equipo de Arenas reconoció que apoyaba "el 80% del dictamen, porque muchas medidas son literalmente nuestras", y añadió que esperaba "incluir ideas más concretas" antes del debate en el Pleno. Desde entonces hasta ayer los partidos no han vuelto a hablar. El PP acusó al Gobierno de no convocarles, y el PSOE les respondió que el texto no dependía de la Junta, sino del Parlamento.
El cambio de rumbo se anticipó el miércoles, durante el debate monográfico sobre la crisis. Arenas se desvió del discurso y puso a Griñán cinco condiciones en materia educativa: una ley de autoridad pública del profesor, otra de convivencia, potenciar la evaluación, subir el gasto hasta el 7% del PIB y bajar la ratio. Moreno pasó una nota al presidente: tres de las cinco ya estaban en el dictamen que se debatiría al día siguiente. El dictamen reconoce la "autoridad magistral" del docente, porque Andalucía no tiene competencias para dar carta de legalidad a la autoridad pública del profesor, aunque Madrid y Valencia lo incluyen en sus normas.
Al día siguiente, ayer, Arenas presentó las propuestas nuevas que parecían partir de cero. Griñán, con gesto duro, respondió que no aceptaría su "programa electoral" y el PP entendió que les echaban del pacto. Todavía no se había votado, cuando la consejera pidió subir a la tribuna. Intentó aliviar la tensión agradeciendo al PP sus aportaciones. "No he entendido si mantendrán su abstención o si votarán en contra", dejó caer. Pero la concordia estaba rota. Ha durado tres meses.
