El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Sevilla registró el pasado viernes las alegaciones al proyecto de Normas Reguladoras de las Actividades que se desarrollan en la Casa Consistorial aprobado por el PP sin el consenso del resto de grupo políticos. El Grupo Socialista, que rechaza las medidas introducidas por el gobierno de Juan Ignacio Zoido para regular el funcionamiento del Ayuntamiento, ha solicitado formalmente que se retire la propuesta y se inicie un nuevo proceso de debate y de negociación.
El PSOE critica en las alegaciones presentadas por la concejala socialista Susana López la decisión del gobierno del PP de empezar a cobrar un precio por visitar el Ayuntamiento a todas aquellas personas no residentes en Sevilla sin concretar cuál será el coste. Según un informe de la jefa de servicio la aprobación de esta normativa debería haber venido acompañada de una ordenanza fiscal que fije las tarifas, algo que no ha ocurrido. "No se dice quién ni cuánto va a pagarse pero se establece quién no va a pagar no sabemos qué. Es un juego de malabarismo político y populista que carece de un mínimo de rigor técnico, incumple la ley y trata e saltarse el informe preceptivo del Consejo Económico y Social de Sevilla", recoge el PSOE en sus alegaciones.
Este precio público puede tener además una consecuencia sobre el servicio gratuito de guías de la Casa Consistorial: "Es una incoherencia que el reglamento ni siquiera mencione las funciones que actualmente desarrollan los cicerone como guías gratuitos. Este silencio hace que surjan dudas sobre el futuro de la prestación del servicio, por lo que reclamamos un pronunciamiento claro del gobierno del PP en relación con el futuro de estos colaboradores", recogen las alegaciones del Grupo Socialista.
Al margen del cobro de una tasa por visitar el Ayuntamiento, el PSOE considera "nulos de pleno derecho" nuevos elementos introducidos por el PP en las normas de funcionamiento del Consistorio. En primer lugar, y en relación a las sesiones plenarias, para el Grupo Socialista es completamente irregular la prohibición de tomar imágenes o grabar vídeos del pleno salvo a los medios de comunicación. Según recogen las alegaciones registradas por el Grupo Socialista, hay ya informes del Defensor del Pueblo Andaluz y de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias en los que se reconoce el derecho de los ciudadanos a grabar sesiones plenarias. Asimismo hay sentencias del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior de Justicia de Valencia o del Tribunal Supremo que defienden que cualquier ciudadano puede tomar imágenes de una sesión plenaria. "La transmisión de información en nuestra sociedad no está restringida ni mucho menos sólo a quienes sean periodistas, cualquier ciudadano puede informar, trasladar datos y mostrar su opinión respecto a los datos que transmite. La función de policía del pleno no quiere decir que pueda prohibirse cualquier grabación sino sólo aquellas que manifiestamente impliquen una alteración del orden y hagan imposible la continuación de la sesión", resume el Grupo Socialista.
Junto a estas críticas el Grupo Socialista expresa en sus alegaciones su preocupación por la redacción incluida en la normativa por parte del PP sobre la distribución de las dependencias municipales entre los grupos políticos. El texto aprobado por el gobierno del PP recoge que "al inicio de cada Corporación se determinará la distribución de las dependencias entre los grupos y las delegaciones aunque en cualquier momento, cuando las necesidades así lo determinen podrán realizarse modificaciones". Para el PSOE esta redacción ampara "atentados contra el derecho de participación y da capacidad al gobierno para quitar a los representantes de los ciudadanos los medios materiales para el ejercicio de sus funciones". "No se especifican ni los motivos ni las necesidades que determinan una modificación de los espacios, pero es fácil intuir que serán aquellas que se desprendan del criterio del alcalde o del delegado de Relaciones Institucionales. Es decir que con la simple excusa de que existen necesidades superiores podrán expulsarse a los grupos políticos de todas las dependencias municipales", resume el texto registrado el viernes por Susana López.
Por todos estos motivos, el PSOE reclama al gobierno del PP que paralice la tramitación de estas normas de funcionamiento de la Casa Consistorial e inicie un proceso de debate y de consenso con los agentes sociales, económicos y políticos de la ciudad.
