"Las universidades ya no somos libres para contratar". La sentencia, de boca de un universitario, es una mezcla de irritación e impotencia por la política de personal a la que se ven abocados los campus desde que el Partido Popular se instaló en la Moncloa. El lío monumental que ha generado la tasa de reposición del 10% (lo que significa que de cada 100 funcionarios que se van solo se pueden reponer una decena de plazas) y la Ley de Presupuestos aprobada en junio en la que para poder convocar cualquier concurso público de plazas hay que tener la autorización previa de la administración autonómica están llevando a las universidades a una situación de asfixia también en el capítulo de recursos humanos.
El último de los frentes abiertos tiene como protagonistas a los profesores ayudantes doctor. Son alrededor de un centenar los docentes en toda Andalucía (Sevilla, Granada y Jaén son las que tienen a más afectados) que ven cómo se tambalea su puesto de trabajo el año que viene. Para entonces, su contrato expirará si no consiguen antes promocionar a la siguiente figura en la carrera -de obstáculos- universitaria, el contratado doctor.
Las universidades andaluzas lo tienen claro: hay que hacer piña en torno a este tema porque este colectivo es la "cantera". Llevan como mínimo diez años de formación a sus espaldas, evaluaciones constantes y estancias en el extranjero, tal y como marcaba la mil veces matizada Ley Orgánica de Universidades (LOU).
Este lunes está convocada una reunión de los vicerrectores andaluces encargados de tema de profesorado con los sindicatos para analizar este asunto. ¿Conseguirán hacer bloque? En estos momentos, ambas partes persiguen lo mismo (mantener estos puestos de trabajo), pero lo plantean de formas diferentes.
El colectivo de ayudantes doctores reclama que la promoción a contratado doctor sea de manera automática previa modificación del convenio colectivo. Pone como ejemplo lo hecho ya en las universidades de Extremadura, Galicia y Zaragoza.
Las universidades andaluzas abordan esta "urgencia" desde otro prisma. Para empezar se desmarcan de una promoción automática porque eso sería "contravenir" la Ley Andaluza de Universidades (LAU). "La competitividad es la regla del juego que nos hemos dado en la Universidad andaluza en cuanto a política de personal se refiere", apostillan las fuentes consultadas.
La solución, ya planteada a la Junta pasa por la convocatoria de las plazas. ¿Pero se puede, se preguntan afectados y cualquier hijo de vecino? ¿No están congeladas las convocatorias de empleo público? En este punto, la estrategia de las universidades pasa por defender que el paso de ayudante doctor a contratado doctor no es una convocatoria de plaza en sí; no supone, pues, crear un puesto de trabajo nuevo sino que se suprime una plaza por otra, se amortiza. Y machacan una idea: en España se han prohibido las convocatorias de plazas pero no las promociones. La fórmula de las universidades, aseguran las interesadas, respetaría pues el principio de la tasa de reposición del 10% y estarían justificadas desde el punto de vista del gasto. El paso de ayudante doctor a contratado doctor implica una subida de sueldo "irrisoria". Lo que parece evidente es que, sea cual sea la solución, la política de promoción del profesorado en Andalucía no volverá a ser lo que fue estos años atrás. Las restrictivas condiciones impuestas por el Gobierno hacen inviable el ritmo trepidante llevado hasta ahora.
En el caso de la Universidad de Sevilla -junto con Granada, la universidad más grande de la comunidad y una de las de mayor peso dentro de España-, desde enero de 2008 hasta febrero de 2012 (pocos meses antes de que el PP metiera la tijera), los números eran: 228 profesores titulares acreditados y con plaza de catedrático habilitada; 286 titulares y 104 profesores TEU para titular de Universidad por integración, según un informe del rector a su Consejo de Gobierno en abril pasado.
