Los menores extranjeros no acompañados que llegan en patera o escondidos en camiones a Andalucía se encuentran en situación legal de desamparo y, como tales, deben ser tutelados por la administración en el sistema de protección que gestiona la Consejería de Igualdad, hasta localizar a su familia en su país de origen y garantizar que puede hacerse cargo de ellos. Los inmigrantes adultos que entran de forma irregular cometen un delito y son trasladados a centros de internamiento de extranjeros (CIE), dependientes del Ministerio de Interior, a la espera de su repatriación. Pero en su informe anual, el Defensor del Pueblo español, Enrique Múgica, denuncia el internamiento de niños en los CIE de Málaga y Motril (Granada) cuyo espacio resulta "absolutamente inadecuado para la estancia de menores, siquiera de forma provisional".
El Defensor hace varias críticas a las instalaciones y prácticas en varios CIES de Andalucía y llega a pedir el cierre del de Motril. Sus instalaciones, dice, "están concebidas para una estancia de pocas horas -la permanencia media es de 46 horas- y no son adecuadas para pernoctar". Además denuncia "la práctica de identificar a los detenidos con marcas de rotulador sobre la piel" e insta a la Policía a asegurar "la entrega de elementos de aseo y ropa limpia a cada detenido" así como a habilitar contenedores para almacenar y destruir la ropa con la que llegan y las mantas que no puedan ser higienizadas. También pide que se instale "una batería de duchas en el módulo de recepción, así como al menos, una ducha por celda" y suficientes literas.
En cuanto a la posible presencia de menores, insta a informar a la Fiscalía. Uno de los problemas con este asunto es la dificultad para determinar la edad de muchos inmigrantes jóvenes que llegan rozando los 18 años. Son sometidos a pruebas oseométricas pero éstas sólo pueden delimitar una horquilla y no la edad exacta pese a que, según el Defensor del Pueblo, algunos de estos centros ofrecieron resultados cerrados para justificar el internamiento.
Para Múgica, el centro de Málaga también "carece de las condiciones adecuadas" y adolece de "graves problemas estructurales que provocan continuas humedades e incluso debilitan su estructura", por lo que reclama que "sea sustituido por uno de nueva construcción". Aunque reconoce que se "han efectuado algunas mejoras", persisten "algunas carencias". Por ejemplo, "no cuenta con un trabajador social desde hace dos años", lavadora para la ropa de los internos, climatización o aseo y toldo en el patio de mujeres.
El Defensor denuncia que "se han registrado casos de ingreso de menores en este centro, pese a la ausencia de una zona para familias". Los niños, señala el informe anual de esta institución, permanecen de día en la "zona de tránsito" junto a los adultos, un "espacio de paso, pequeño, enrejado y sin intimidad alguna".
La memoria se hace eco también de la queja de una asociación por el ingreso de cuatro mujeres subsaharianas con sus hijos en el CIE de Algeciras que, tras la intervención del Defensor, fueron trasladadas al CIE de Barcelona, donde se acondicionó un módulo familiar separado del resto de internos.
Múgica alude asimismo a las instalaciones policiales de Isla de las Palomas en Tarifa (Cádiz), creadas en 2006 como anexo al CIE de Ageciras pero que, según denuncia, funciona como un centro de internamiento sin regulación jurídica y "sin servicios fundamentales, tales como el servicio médico". El Defensor del Pueblo reclamó un informe a la Policía y a la Guardia Civil, que alegaron que sólo se usan estas instalaciones cuando la capacidad del Centro de Internamiento de Algeciras se satura "y por ello no aprecia indefinición de su estatuto jurídico".
