Si hay algo que estremece aún más que conocer que hay más de 800.000 familias españolas en las que ninguno de sus miembros tiene trabajo es pensar que la masiva destrucción de empleo que sufre el país aún no ha tocado fondo. Desde hace meses, las Administraciones y las principales autoridades monetarias y financieras están avisando de que la crisis se ahondará aún más, pero es ahora cuando los españoles están tomando conciencia de que la situación es la más grave que ha vivido el país en muchas décadas. La Encuesta de Población Activa (EPA) que hizo pública ayer el Instituto Nacional de Estadística confirma los estragos que causa sobre el empleo el hundimiento de los mercados. España supera ya los 3,2 millones de parados y alcanza una tasa de casi un 14% de desempleo, cifra aún mayor en el caso de Andalucía, donde uno de cada cinco ciudadanos con edad de trabajar no lo hace. La vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, resaltó ayer, en referencia a esas 800.000 familias, que "no se abandonará a nadie a su suerte" y recordó que España atraviesa la peor fase de la crisis pero que a final de año se esperan los primeros síntomas de la recuperación. En materia económica, ni hay recetas milagrosas ni se conocen soluciones cortoplacistas. Como el resto de países de nuestro entorno, España ha activado políticas de inversión pública y de garantía de la cobertura que se presta a quienes pierden sus trabajos. Pero, como ha dicho Pedro Solbes, no hay mucho más margen de actuación. No es hora, por tanto, de enfrentamientos estériles ni de una oposición atolondrada que prefiera una situación de tierra quemada. Urge un acuerdo general, si se quiere a modo de pacto de Estado, para que todos -partidos políticos, agentes sociales- encaminen sus pasos en la misma dirección. Lo necesita la sociedad española y, en particular, los más de tres millones de compatriotas que no tienen trabajo.
