El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu seguirá instruyendo la querella que varias asociaciones interpusieron contra Israel por un ataque a la franja de Gaza en 2002 en el que murieron un líder de Hamás y 14 civiles, tras rechazar la petición de la Fiscalía para que archivara la causa.
En un auto notificado ayer, el magistrado defiende la competencia del tribunal español diciendo que no consta que la Justicia israelí investigara los hechos y añade que, aunque lo hubiera hecho, de la Convención de Ginebra se desprende la competencia "concurrente" de la Audiencia Nacional, dada la naturaleza de los delitos investigados (crímenes de guerra). Esta decisión puede ser recurrida en reforma ante el propio Andreu y, subsidiariamente, en apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia.
El pasado 29 de enero Andreu imputó al ex ministro de Defensa de Israel Benjamín Ben-Eliezer y a seis militares de ese país un delito contra la humanidad por un ataque "desproporcionado" en la franja de Gaza el 22 de julio de 2002, en el que murieron el dirigente de Hamás Salah Shehade y 14 civiles -la mayoría niños y bebés- y resultaron heridas otras 150 personas.
La Fiscalía pidió el pasado 2 de abril el archivo provisional de la investigación, al entender que de la documentación facilitada por Israel al tribunal se desprende que aún se están investigando estos hechos, lo que se traduciría en la falta de competencia de la Justicia española para instruir la causa. A esta petición se opusieron los querellantes, la Asociación Al-Quds de Solidaridad con los Pueblos del Mundo Árabe y el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, que criticaron a la Fiscalía por avalar la decisión del Ministerio Público israelí de no investigar el ataque por considerar que se trató de una acción militar "ajustada a Derecho".
Ahora, el juez Andreu coincide con estas asociaciones al concluir que, aunque el caso llegó hasta el Tribunal Supremo israelí, éste se limitó a dar por buena "la decisión de la Fiscalía Militar de no abrir una investigación criminal referida a la operación militar llevada a cabo el 22 de julio de 2002 en la ciudad de Gaza".
En este sentido, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, apostó por reformar algunos aspectos de la regulación de la jurisdicción universal ya que "no nos podemos convertir en los gendarmes judiciales del mundo" o estar en "conflicto diplomático diario". Así se pronunció Dívar en el I Encuentro de la asociación de informadores jurídicos Acijur-El Derecho Editores al ser preguntado por la decisión del juez Andreu sobre Gaza.
A este respecto, el portavoz del ministerio israelí de Exteriores, Igal Palmor, calificó ayer de "maniobra política" la investigación del juez Andreu. Así, el propio ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, declaró ayer que su Gobierno va a solicitar al Ejecutivo español que detenga la investigación de la Audiencia Nacional. El diputado israelí Abraham Dichter -imputado en el caso-, fue incluso más allá al asegurar que en España no se sabe distinguir entre la lucha antiterrorista y los crímenes contra la humanidad.
"Voy a pedir al ministro de Asuntos Exteriores español, a la ministra de Defensa y, si es necesario, al presidente del Gobierno español, compañero mío en la Internacional Socialista, que anulen la decisión", afirmó Barak, líder del Partido Laborista israelí, en declaraciones recogidas por el diario israelí Haaretz.
