-¿Qué exigen desde su asociación para intentar frenar la creciente corrupción en los ayuntamientos españoles?
-Es necesario que los funcionarios sean de carrera, ya sean interventores, secretarios o tesoreros, tengan la habilitación con carácter estatal y hayan superado las pruebas correspondientes. Además, las comunidades autónomas deben cumplir con el mandado legal y convocar las plazas para cubrir las vacantes.
-¿Hay muchas plazas todavía sin cubrir?
-Desgraciadamente, sí. En Baleares, por ejemplo, supera el 50% de las existentes actualmente. En el resto del Estado no se llega a una cifra tan alta aunque en Andalucía ronda el 20%.
-¿Y esto cómo influye en la proliferación que vivimos de consistorios corruptos?
-Cuando hay algún caso de corrupción ocurre, fundamentalmente, porque alguien tiene la voluntad de hacerlo. Si a eso le añadimos que el funcionario que debe ejercer la función de control no está bien preparado es más fácil que ese control no se ejecute de la forma adecuada. Por ejemplo, un convenio urbanístico o una contratación pública son procesos muy complejos y si el funcionario no es el adecuado es más fácil evadir los controles por parte de la persona corrupta.
-¿Ustedes dicen que el interventor detenido del Ayuntamiento de El Ejido no era el interventor?
-Y no lo es. El puesto de interventor lo ocupaba un funcionario municipal que cubría ese puesto y no tenía la cualificación suficiente para ese cargo.
-De ahí su queja contra las comunidades autónomas...
-Exacto. La descentralización ha provocado que las comunidades no convoquen los puestos que hacen falta. Pensábamos que esas competencias que pedían al Estado resultarían positivas y no ha sido así. Sólo Andalucía y Cataluña han convocado plazas pero en un número muy inferior al necesario.
-Volviendo a la triste corrupción, ¿cómo se podría frenar tanto desfalco?
-Antes que nada, le digo que es bueno que estos casos salgan a la luz pública y que los culpables sean detenidos y condenados. Dicho esto, la mejor manera es la transparencia. En Suecia, por ejemplo, todos los documentos están a disposición de cualquier ciudadano.
-Me temo que en España no llegamos a ese nivel.
-Pues no, al contrario. Aquí un concejal de la oposición tiene que solicitar al alcalde la información a la que quiere acceder, y si en cinco días no tiene respuesta se entiende como silencio administrativo, y por ende, denegada dicha petición.
-Y con las facilidades que ofrecen hoy en día las nuevas tecnologías, ¿no debería ser todo más fácil?
-No entendemos cómo habiendo tantos medios electrónicos no se publican todos los convenios, cuentas, contrataciones. etc. Creo que como contribuyente tengo derecho a saber qué empresas trabajan para un ayuntamiento y por qué importe.
-¿Hay algún campo más tentador para el corrupto aparte del urbanismo?
-Es uno de los grandes campos donde se desprende la corrupción pero no quiere decir que sea así siempre. Los convenios urbanísticos bien utilizados son un excelente instrumento para la panificación de las grandes y pequeñas ciudades. Mal utilizados pueden ser un foco de corrupción.
-Los informes de los secretarios y tesoreros municipales no son siempre vinculantes, ¿desmoraliza?
-(Risas) Mucho, mucho. No obstante hay que reconocer que si fueran vinculantes vulnerarían la autonomía local. Las personas que han sido designadas libremente por el pueblo son quienes deben tomar las decisiones que afecten a un ayuntamiento concreto. Si nuestros informes fueran vinculantes estaríamos entonces ante una imposición.
-¿Y no le gustaría que lo fueran algún día?
-No. Entendemos nuestro sistema democrático y no queremos tener una responsabilidad que no nos compete, somos asesores. Además, debe incrementarse el número de materias en las que debe ser obligatorio el informe de un secretario municipal. Aunque dicho informe diga que algún acto es ilegal, el órgano de gobierno no suele actuar de forma contraria.
-¿Se ha juzgado a políticos por errores de funcionarios?
-Penalmente no me consta ningún caso de algún alcalde condenado por el error de un secretario o interventor. Sí puede haber casos en los que un juez anule la opinión de un informe dado que el derecho no es como las matemáticas.
-Usted es secretario del Ayuntamiento de Majadahonda. ¿Afectó el caso Gürtel al cuerpo de funcionarios?
-Para nada, ni a mí ni al resto de compañeros nos afectó en lo más mínimo, ni siquiera fuimos citados como testigos. Eran casos aparentemente legales y adjudicaciones inferiores a los 12.000 euros que se hacen de forma directa.
-¿Existe el ayuntamiento ejemplar?
-El premio de la Fundación Transparencia Municipal fue el pasado año para el Consistorio de Bilbao. En el caso contrario, tenemos en el recuerdo todo lo ocurrido en Marbella.
